La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) y la ministra presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Norma Piña, denunciaron que agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) encapsularon y limitaron la manifestación de un grupo de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en las inmediaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez, sede del Gran Premio de Fórmula 1 de la Ciudad de México.
El incidente, registrado este domingo, ha generado indignación en el gremio judicial y entre diversos actores, quienes aseguran que el encapsulamiento y retención de manifestantes viola el derecho a la libre expresión y movilización. La protesta de los trabajadores judiciales se realizó en un contexto de creciente rechazo a las reformas que impactan la estructura y autonomía del Poder Judicial.
Encapsulamiento y protesta
Los trabajadores del PJF se congregaron frente a la puerta 6 del Autódromo Hermanos Rodríguez para expresar su descontento respecto a las reformas recientes, que aseguran afectan su autonomía y derechos laborales, pero según denuncias en redes sociales y un comunicado emitido por la Jufed, los elementos de la SSC capitalina los encapsularon, impidiéndoles avanzar y ejerciendo presión para que abandonaran el lugar.
“Utilizar la violencia institucional en contra de dos juezas que, conjuntamente con personal jurisdiccional, se expresaban pacíficamente en el Autódromo Hermanos Rodríguez en defensa de los derechos del PJF, refleja el incremento de la intolerancia gubernamental, lo que contradice los principios democráticos que se enarbolan”, expresó la Jufed en su comunicado oficial.
La organización de jueces y magistrados señaló que recurrirá a instancias internacionales para denunciar el uso de la fuerza contra las protestas de trabajadores judiciales. Adicionalmente, aseguraron que mantendrán la defensa pacífica de la autonomía del Poder Judicial, considerando que la protección de estos derechos es fundamental para la democracia.
Condena desde el Consejo de la Judicatura Federal
Norma Piña, presidenta del CJF, también expresó su desaprobación por la actuación de la SSC y reiteró la importancia de respetar los derechos de libre expresión y manifestación de todos los ciudadanos, especialmente cuando se ejercen de manera pacífica y en defensa de los derechos institucionales.
“La Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal condena los hechos ocurridos en la Ciudad de México, donde personas del PJF, incluidas juezas federales, fueron retenidas por elementos de la SSC, violentando su derecho a la libre manifestación”, indicó Piña en un comunicado.
La ministra enfatizó que el ejercicio de los derechos constitucionales, como la libre manifestación de ideas, es un pilar para preservar la convivencia y la paz social. En este sentido, reafirmó el compromiso de la Judicatura por mantener el diálogo como herramienta para resolver conflictos, evitando cualquier forma de violencia institucional.
La situación ha causado preocupación en la comunidad judicial, que observa con cautela la actitud de las autoridades hacia las manifestaciones relacionadas con el PJF. Trabajadores y defensores de derechos humanos expresaron su respaldo a la protesta de los trabajadores judiciales, señalando que cualquier intento de represión es un ataque a la democracia y a los derechos de libre expresión.
Además, se han sumado al reclamo de la Jufed y del CJF en contra de las acciones de la SSC, resaltando que el uso de la fuerza para limitar el derecho a manifestarse contraviene los estándares democráticos que el país promueve en el ámbito internacional.
“El derecho a manifestarse pacíficamente debe ser garantizado en cualquier circunstancia. Es alarmante ver que se utilicen técnicas de encapsulamiento y presión contra quienes ejercen este derecho. Las fuerzas de seguridad deben respetar los derechos humanos y actuar con neutralidad en contextos de protesta”, señaló el abogado constitucionalista Rodrigo Sánchez.
La protesta del domingo fue una de varias que han sido organizadas por los trabajadores del PJF en respuesta a la reforma judicial aprobada recientemente, que ellos consideran afecta su autonomía y limita su capacidad para actuar de manera independiente en su rol de guardianes de los derechos y la justicia en el país.
En particular, la reforma ha sido criticada por imponer restricciones a los mecanismos de defensa y por la manera en que modifica la estructura interna del PJF, lo que los trabajadores interpretan como un intento de limitar su independencia. La ministra Norma Piña ha señalado en diversas ocasiones que la independencia judicial es un pilar fundamental de la democracia y ha instado al diálogo entre los poderes para encontrar soluciones que respeten los principios democráticos.
Llamado a la no represión y respeto a los derechos
Desde la Jufed y otros sectores de la sociedad, se ha hecho un llamado para que las autoridades respeten las manifestaciones de trabajadores judiciales y se abstengan de emplear tácticas de acoso o intimidación. Las organizaciones pro derechos humanos también han manifestado su preocupación ante el clima de represión que se está observando en diversas movilizaciones, incluyendo las relacionadas con el sector judicial.
“Nos preocupa ver que el Estado utilice la fuerza para sofocar las protestas en lugar de abrir un diálogo constructivo. La libertad de expresión es esencial en cualquier democracia, y las instituciones deben velar por su protección”, añadió Adriana Estrada, representante de la ONG Justicia para Todos.
Implicaciones para la sociedad y la democracia
El encapsulamiento y limitación de las protestas judiciales también plantea cuestionamientos sobre el respeto a los derechos en contextos de manifestación. La creciente preocupación por el uso de la fuerza contra trabajadores judiciales subraya la importancia de los mecanismos de rendición de cuentas y del respeto por el debido proceso en un Estado democrático.
Las protestas del PJF, según analistas, no solo reflejan el descontento dentro del Poder Judicial, sino que también son una alerta sobre la necesidad de consolidar el diálogo entre los poderes del Estado para preservar la independencia judicial, una base de la democracia en México.
La comunidad judicial y las organizaciones de derechos humanos han manifestado su intención de vigilar de cerca cualquier acción que intente limitar los derechos de manifestación y han invitado a las autoridades a construir espacios de diálogo para atender las demandas del PJF. Este llamado a la acción reafirma el compromiso de los defensores de derechos en México y la importancia de preservar las garantías de una democracia sólida y justa para todos.
