La Secretaría de la Función Pública de Chihuahua (SFP) ha notificado al exgobernador Javier Corral Jurado, sobre la apertura de un procedimiento en su contra, derivado de dos denuncias por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal. Esta medida marca un importante paso en la búsqueda de transparencia y rendición de cuentas en la administración pública.
La primera denuncia fue interpuesta en febrero de 2022 por el diputado local Omar Bazán, quien solicitó una investigación sobre la apropiación de un terreno valuado en 4 millones de pesos. Bazán argumentó que Corral había adquirido este terreno de manera irregular. La segunda denuncia penal fue presentada en mayo de 2022 por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, acusando a Corral de probable defraudación fiscal y falseamiento en declaraciones patrimoniales con el fin de evadir impuestos.
La SFP de Chihuahua confirmó que las investigaciones se centran en las declaraciones patrimoniales de modificación y de conclusión que Corral presentó al finalizar su mandato como Gobernador Constitucional del Estado. Según los informes, Corral no declaró un inmueble del cual se conduce como dueño, lo que constituye una falta administrativa grave. Además, se señala que el exgobernador excluyó este bien inmueble de sus declaraciones y del Registro Público de la Propiedad, con el objetivo de evitar pagar el Impuesto sobre Traslación de Dominio al Gobierno Municipal.
Una vez concluida la investigación preliminar, el expediente fue turnado al área competente para iniciar el procedimiento de responsabilidades administrativas. Javier Corral fue emplazado a una audiencia donde podrá presentar su defensa. Dada la gravedad de las acusaciones, el expediente será remitido al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) para su resolución final.
La Secretaría de la Función Pública señaló la importancia de este caso como un ejemplo de la lucha contra la corrupción y el abuso de poder en el estado. Las autoridades locales subrayan que estas acciones son fundamentales para asegurar que ningún funcionario esté por encima de la ley y para mantener la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.
Por su parte, Javier Corral ha negado las acusaciones y ha calificado el procedimiento como una persecución política. A través de sus redes sociales, el exgobernador ha manifestado su confianza en que se esclarecerán los hechos y se demostrará su inocencia.
Este caso se desarrolla en un contexto donde la rendición de cuentas y la transparencia son exigencias cada vez más fuertes por parte de la sociedad. La resolución final del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa será crucial para determinar la responsabilidad de Javier Corral y para fortalecer la confianza en las instituciones encargadas de vigilar el correcto actuar de los servidores públicos.
