Estados Unidos anunció la liberación de 135 presos políticos que se encontraban detenidos en Nicaragua, lo cual ha generado un gran impacto internacional. El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, explicó que la liberación se realizó por “motivos humanitarios” y destacó la intervención del gobierno de Guatemala, que ha recibido a los liberados.
Entre las personas liberadas se encuentran 13 miembros de la organización evangélica Mountain Gateway, con sede en Texas, así como estudiantes, laicos católicos y otras figuras que el régimen de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, consideraban “amenazas” para su gobierno. Estas personas fueron detenidas durante la represión que el gobierno nicaragüense desató tras las protestas prodemocracia en 2018.
Un gesto humanitario y diplomático
La liberación de estos presos políticos marca un paso importante en las acciones diplomáticas en América Latina. Washington ha agradecido al gobierno de Guatemala, en particular al presidente Bernardo Arévalo, por su generosidad al aceptar a los ciudadanos nicaragüenses y ofrecerles la posibilidad de rehacer sus vidas. Los liberados podrán solicitar vías legales para emigrar a Estados Unidos u otros países mediante la Oficina de Movilidad Segura.
El gobierno estadounidense aprovechó la ocasión para hacer un llamado a Nicaragua para que detenga las detenciones arbitrarias y ponga fin a las violaciones de derechos humanos. Desde 2018, más de 300 personas han fallecido debido a la represión gubernamental en Nicaragua, y en 2023, el gobierno de Ortega despojó de su nacionalidad y bienes a más de 300 disidentes, periodistas y activistas.
Repercusiones internacionales
La ONU y otras organizaciones internacionales han expresado su preocupación por el deterioro de los derechos humanos en Nicaragua. El Congreso nicaragüense, controlado por Ortega, aprobó reformas al código penal que permitirán juzgar a disidentes que se encuentren en el extranjero, endureciendo aún más la represión transnacional. Estas medidas han sido criticadas por la oposición en el exilio, que acusa al régimen de utilizar estas reformas para perseguir a cualquier crítico, sin importar su ubicación.
