Una auditoría llevada a cabo por la Función Pública ha puesto al descubierto prácticas corruptas dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), específicamente en la oficina de pasaportes ubicada en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México. La auditoría, que evaluó las 45 oficinas de pasaportes en todo el país, resultó en el cierre inmediato de la sucursal tras confirmar la emisión de documentos de identidad falsos.
La secretaria Alicia Bárcena, cabeza de la SRE, confirmó los hallazgos durante una conferencia de prensa, donde detalló que la oficina de Iztacalco había estado emitiendo pasaportes apócrifos, un acto que compromete la seguridad y la integridad del sistema de identificación nacional. La situación se agravó con la detección de gestores que ofrecían acelerar los trámites a cambio de pagos ilícitos.
Este no es el primer incidente de su tipo. En noviembre de 2016, las autoridades detuvieron a un individuo en Tapachula, Chiapas, con pasaportes falsificados a nombre de personalidades conocidas, usando fotografías de figuras como el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Estos eventos subrayan una serie de vulnerabilidades que han plagado a la Cancillería a lo largo de los años.
En respuesta a estos desafíos, desde el 5 de octubre de 2021, la Cancillería comenzó la emisión del nuevo pasaporte electrónico, dotado de un chip que dificulta significativamente su falsificación. Según Bárcena, este pasaporte está entre los 15 más seguros del mundo, diseñado para fortalecer la confianza en los documentos de identidad mexicanos tanto a nivel nacional como internacional.
La secretaria Bárcena también indicó que, además del cierre de la oficina implicada, se está llevando a cabo una revisión exhaustiva del sistema de citas, que diariamente procesa alrededor de 35,000 solicitudes. La revisión ha descubierto la existencia de páginas web y operadores falsos que suplantan los canales oficiales de la SRE, complicando aún más el panorama.
“Estamos enfrentando un problema complejo que abarca desde la falsificación hasta la suplantación en nuestro sistema de citas. Estamos trabajando para asegurar que nuestras medidas de seguridad no solo sean efectivas sino también transparentes para nuestros ciudadanos”, comentó Bárcena.
El escándalo tiene profundas implicaciones para la percepción de la seguridad y eficacia de las instituciones gubernamentales mexicanas. La revelación de estos actos ilícitos no solo mancha la reputación de la Cancillería, sino que también plantea serias preguntas sobre la eficacia de los mecanismos de control y prevención de la corrupción en México.
La respuesta de la SRE ante estos descubrimientos será crucial para restaurar la confianza pública en su capacidad para manejar documentos de identificación seguros y confiables. Mientras tanto, la ciudadanía espera acciones decisivas y transparentes que puedan remediar las fallas del sistema y prevenir futuras violaciones de la integridad nacional.