El Poder Legislativo ha vuelto a estar en el centro de la controversia tras la publicación de una lista complementaria de 3,817 candidatos a juzgadores federales, que se suma a los registros iniciales, alcanzando un total de 10,887 aspirantes. Sin embargo, este ejercicio de transparencia ha sido cuestionado por los numerosos errores, retrasos y denuncias de nepotismo que han marcado el proceso.
Un proceso con irregularidades y nombres repetidos
La lista, publicada con dos días de retraso, contiene errores evidentes, como la repetición de nombres. Entre los casos destacados está el de Blanca Eladia Hernández Rojas, quien aparece en los registros 48 y 49, y Ernesto Jesús Zárate Olguín, enlistado tanto en el registro 877 como en el 1,878. Además, hay al menos 10 grupos de personas con nombres y apellidos idénticos, como los casos de Omar Becerra Trejo y Óscar Becerra Trejo, lo que ha generado confusión y críticas por parte de expertos.
El Comité de Evaluación del Poder Legislativo reconoció las irregularidades, admitiendo que el 30% de los certificados escolares presentados no incluían el promedio general de calificaciones, lo que obligó a realizar cálculos manuales para verificar el cumplimiento del requisito constitucional de tener un promedio mínimo de 8.0.
Nepotismo en la lista: la polémica del caso Sánchez Cordero
Uno de los puntos más polémicos de la lista es la inclusión de Paula María García Villegas Sánchez Cordero, hija de la diputada Olga Sánchez Cordero, lo que ha desatado acusaciones de nepotismo. Este hecho ha generado críticas por parte de la oposición y organizaciones civiles, quienes consideran que el proceso de selección carece de imparcialidad y transparencia.
Además, figuras como Marisela Morales Ibáñez y Ricardo Peralta Saucedo se sumaron a los 88 aspirantes que buscan un lugar como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mientras que otros compiten por cargos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y en tribunales de disciplina judicial.
Críticas a la organización del proceso
El manejo de la lista ha recibido fuertes críticas, no solo por los errores en los registros, sino también por la falta de planeación y comunicación en el cumplimiento de los plazos establecidos. La primera versión de la lista fue publicada en la madrugada del 16 de enero, retirada horas después y sustituida por una versión que aún no es definitiva.
En este sentido, el analista político Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores, señaló que el desorden en la publicación de las listas refleja las dificultades del proceso electoral del próximo 1 de junio de 2025, donde se elegirán jueces, magistrados y ministros.
“Es una elección demasiado lejana de la vida de las personas. Habrá pocas casillas y el INE no tiene recursos suficientes para promover las candidaturas. Esto pone en riesgo la legitimidad del proceso”, comentó Ugalde en entrevista.
Complejidad del proceso electoral
La magnitud del proceso electoral también ha sido señalada como un desafío. Con un total de 367 aspirantes a ministros de la SCJN, 289 para el Tribunal de Disciplina Judicial, 465 para el TEPJF, 3,716 para magistrados de distrito y 6,040 para jueces de distrito, la capacidad operativa del INE y del Poder Legislativo está siendo puesta a prueba.
El exconsejero presidente del IFE destacó que procesar miles de solicitudes en un plazo tan corto resulta inviable, y las prisas por cumplir con los tiempos establecidos han generado inconsistencias y cuestionamientos a la calidad del proceso.
Reacciones de los legisladores y organizaciones civiles
Mientras tanto, legisladores de la oposición han aprovechado la situación para criticar al gobierno y al partido Morena. “Esto no es transparencia ni democracia. Es un desastre organizativo que pone en entredicho la seriedad de un proceso tan importante como la elección de jueces y magistrados”, expresó un diputado del PAN.
Organizaciones civiles también han señalado la necesidad de reformas al sistema de selección, exigiendo mecanismos más claros y menos susceptibles a influencias políticas.
La publicación de las listas complementarias para candidatos a juzgadores federales ha dejado al descubierto serias fallas en la planeación y ejecución de este proceso. Desde errores administrativos hasta denuncias de nepotismo, el Poder Legislativo enfrenta el desafío de recuperar la confianza de la ciudadanía y garantizar que la elección de jueces y magistrados sea legítima y transparente.
Con el tiempo en contra y la presión política en aumento, el Comité de Evaluación deberá corregir los errores señalados y demostrar que la justicia y la democracia son los ejes principales de este proceso. De lo contrario, el próximo 1° de junio de 2025 podría pasar a la historia como un ejemplo de todo lo que no debe ocurrir en un proceso electoral.
