A partir de este 1° de enero de 2025, entró en vigor la reforma al artículo 21 de la Constitución, que fortalece las facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch. Esta modificación establece nuevas bases para optimizar las acciones en materia de investigación, inteligencia y coordinación en seguridad pública.
Publicada en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre, la reforma otorga a la SSPC la capacidad de coordinar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y el Sistema Nacional de Inteligencia. También se le faculta para formular programas, políticas y acciones que permitan fortalecer la seguridad en el país.
La SSPC ahora podrá colaborar estrechamente con los tres órdenes de gobierno, requiriendo información de instituciones y dependencias del Estado para esclarecer delitos. Esta medida busca incrementar la eficacia en la identificación de hechos delictivos y mejorar la coordinación en la prevención y combate de actividades ilícitas.
Recursos destinados exclusivamente a seguridad
La reforma establece que los fondos destinados a tareas de seguridad pública serán asignados exclusivamente a estados y municipios. Estos recursos estarán sujetos a auditorías rigurosas y supervisión por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
El SESNSP, como organismo desconcentrado de la SSPC, queda facultado para emitir lineamientos, acuerdos y realizar acciones que garanticen la homologación de estándares en materia de seguridad, promoviendo una gestión eficiente, transparente y responsable.
Esta reforma, también busca fortalecer la capacidad del gobierno federal para responder a los retos de seguridad que enfrenta el país. “Con esta modificación, se permite el uso eficiente y responsable de los recursos en seguridad pública y se mejoran los mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno”, destacó la SSPC.
La implementación de estas medidas se alinea con los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y representa un avance hacia un modelo más efectivo y articulado en materia de protección ciudadana.
Con esta reforma, se reafirma el compromiso del gobierno federal de garantizar la seguridad y el bienestar de la población mexicana, fortaleciendo las bases legales e institucionales para enfrentar los desafíos actuales.
