En respuesta a la suspensión de labores en los juzgados federales, el grupo parlamentario de Morena ha decidido adelantar la aprobación de la controvertida Reforma Judicial. El líder del Senado, Ricardo Monreal, confirmó que la Cámara de Diputados prevé aprobar la iniciativa entre el 2 y el 3 de septiembre, en lugar del 15 de septiembre como se había planeado inicialmente.
Este cambio en el calendario legislativo responde directamente al paro indefinido iniciado por los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, quienes demandan una reconsideración de la reforma.
La reforma, que ha encendido debates en todo el país, busca modificar estructuras clave dentro del sistema judicial mexicano, proponiendo cambios que, según sus críticos, podrían comprometer la independencia del poder judicial. No obstante, según Monreal, estas medidas son necesarias y cumplen con un mandato popular enfocado en la transparencia y la justicia.
Ricardo Monreal ha sido enfático en decir “Aun cuando grupos minoritarios se opongan, continuaremos con nuestra responsabilidad. No es posible desistir de la reforma; actuamos en razón del interés nacional.”
En Cancún, Quintana Roo, los efectos del paro se sintieron con intensidad cuando 700 trabajadores del Poder Judicial se sumaron a la protesta nacional. Cerraron las puertas de los siete juzgados federales de la zona, marcando un día de quietud judicial sin precedentes en la historia reciente de la región.
Ignacio Mier, líder de los diputados de Morena, ha descartado la posibilidad de un diálogo con los inconformes, señalando que ya es hora de legislar y que las voces de todos los sectores fueron escuchadas durante la fase de consulta. La determinación de Morena de proceder con la reforma a pesar de las protestas refleja un firme compromiso con sus objetivos legislativos, según Mier. “Es hora de legislar. Hemos escuchado todas las voces y es el momento de avanzar”, dijo.
El paro, no incluye a la Suprema Corte ni al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Patricia Aguayo Bernal, vocera de los trabajadores del Poder Judicial federal, ha negado que este movimiento vaya a polarizar o desestabilizar al Poder Judicial, alegando que es una manifestación de descontento legítimo y esperado ante una reforma de tal magnitud.
“La decisión de parar es firme y busca una reforma más meditada y justa. No se trata de polarización, sino de justicia.” declaró Aguayo Bernal.
Organizaciones civiles como México Evalúa han advertido sobre los posibles costos económicos de la reforma. Alegan que la elección directa de jueces, como propone la reforma, podría exponer a los magistrados a presiones externas y corrupción, aumentando la inseguridad jurídica y afectando negativamente la economía nacional.
El paro se ha extendido a 28 estados del país, con los tribunales atendiendo únicamente casos urgentes. Este nivel de movilización es un claro indicativo del profundo descontento que existe dentro del sector judicial respecto a la reforma propuesta. Sin embargo, Monreal ha subrayado que la reforma seguirá adelante, reflejando una convicción política que podría definir el futuro de la justicia en México.
