La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), bajo la administración de Rosario Piedra Ibarra, ha sido acusada de un mal manejo presupuestal por parte de los propios trabajadores del organismo. En una carta dirigida a la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, y a varios líderes parlamentarios en el Senado, empleados de la CNDH denunciaron un “despilfarro inmenso” en sueldos, dietas y otros beneficios salariales que suman mil 798 millones de pesos anuales. De este monto, el 81% se destina a “Servicios Personales”, es decir, dietas, sueldos base al personal permanente, remuneraciones en el extranjero, entre otros conceptos.
Un gasto excesivo en sueldos
Los trabajadores han señalado que la administración de Piedra Ibarra ha centrado una cantidad considerable de recursos en el Capítulo 1000, el cual cubre sueldos y prestaciones. De acuerdo con la denuncia, este capítulo abarca una porción significativa del presupuesto anual de la CNDH, limitando los recursos destinados a proyectos y programas esenciales para la defensa de los derechos humanos en México.
En su carta, los empleados expresaron:
“Es inaceptable que, en un organismo que debería proteger los intereses de las víctimas, los perseguidos y los marginados, se concentren los recursos en sueldos desmesurados, mientras las necesidades de la población quedan desatendidas.”
Además, afirmaron que los recortes a programas clave y la falta de apoyo para iniciativas de derechos humanos han debilitado gravemente a la CNDH. En contraste, los recursos destinados a altos sueldos y beneficios han crecido de forma exponencial durante la administración de Rosario Piedra.
Corrupción y mala gestión administrativa
El documento no solo señala el gasto excesivo en salarios, sino también lo que los trabajadores describen como una “gran simulación” en los capítulos 2000 y 3000 del presupuesto, que suman 334 millones 200 mil pesos. Según los denunciantes, estos capítulos incluyen partidas destinadas a la adquisición de mobiliario, vehículos y pagos a servicios externos, donde se oculta la desviación de recursos.
Un punto alarmante es la partida destinada a estudios y proyectos, la cual, aseguran, ha crecido desmesuradamente. En 2020, se denunciaron pagos a empresas fantasmas por un total de 25 millones de pesos, monto que se incrementó a 73 millones de pesos en el siguiente ejercicio. Para 2024, la cifra es aún mayor, lo que ha generado suspicacias entre los empleados.
“Es evidente que estos recursos están siendo mal manejados por Francisco Javier Emiliano Estrada Correa, secretario ejecutivo de la CNDH, quien ha convertido la Comisión en un espacio para el amiguismo y la corrupción”, denunciaron los trabajadores.
Amiguismo y despidos masivos
Otro aspecto relevante de las denuncias es el ambiente de nepotismo y corrupción que, según los empleados, prevalece en la administración de Rosario Piedra. Los trabajadores señalaron que las decisiones de alto nivel están impulsadas por el amiguismo, lo que ha llevado a la CNDH a un estado deplorable. Esta situación, aseguran, ha provocado la renuncia de varios oficiales mayores de la Comisión, quienes prefieren dimitir antes que ser cómplices de la corrupción interna.
“En los primeros cuatro años de gestión de Rosario Piedra, la plantilla de la CNDH se redujo de mil 720 a solo 106 trabajadores. Esto ha supuesto un costo de más de 407 millones de pesos en indemnizaciones, lo que representa casi el 24% del presupuesto total de la Comisión”, indicaron en la carta.
Además, al cierre de 2023, la CNDH enfrentaba 101 juicios laborales por un total de 391 millones 219 mil pesos, lo que incrementa el peso financiero de los despidos masivos.
Una administración en la cuerda floja
Los trabajadores de la CNDH no solo recurrieron a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, sino también a los líderes de los principales grupos parlamentarios en el Senado, incluyendo a Manuel Añorve Baños (PRI), Clemente Castañeda Hoeflich (MC), Manuel Velasco Coello (PVEM), Guadalupe Murguía Gutiérrez (PAN) y Adán Augusto López Hernández (Morena). Además, dirigieron la carta al senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.
En su misiva, los trabajadores dejaron claro que no tienen una preferencia por ningún candidato para la elección de la nueva presidencia de la CNDH, pero subrayaron que quienes actualmente dirigen la institución deben ser excluidos del proceso. Describieron a Rosario Piedra y Francisco Estrada como incapaces y negligentes, criticando la falta de reconocimiento público y su gestión deficiente.
“Es tiempo de que las autoridades competentes actúen y pongan fin a la administración corrupta de la CNDH. Estamos seguros de que la presidenta electa Claudia Sheinbaum tomará cartas en el asunto y evitará que este organismo autónomo siga siendo un espacio de abusos y malos manejos”, afirmaron los empleados.
Una crisis institucional que requiere cambios urgentes
Los trabajadores advirtieron que, si no se toman medidas para revertir la crisis interna de la CNDH, el organismo perderá su capacidad de actuar como garante de los derechos humanos en México. Además, subrayaron que esta situación no solo afecta la labor de la institución, sino también la credibilidad del país a nivel internacional en materia de derechos humanos.
En los últimos años, la CNDH ha sido objeto de críticas tanto a nivel nacional como internacional, debido a su incapacidad para actuar de manera efectiva frente a violaciones de derechos humanos, desapariciones forzadas y abusos de poder. La administración de Rosario Piedra, que comenzó con grandes expectativas, ha sido incapaz de responder a estos retos, lo que ha generado una percepción negativa tanto dentro como fuera de la Comisión.
Con la salida de Rosario Piedra y la próxima elección de una nueva administración en la CNDH, los trabajadores esperan que se tomen decisiones que lleven a una reestructuración profunda del organismo. La misiva enviada a Claudia Sheinbaum y a los líderes parlamentarios refleja un deseo de cambio urgente en la Comisión y un llamado a que se detenga el despilfarro de recursos en áreas que no benefician a la población ni a las víctimas de violaciones de derechos humanos.
