El proceso de selección para jueces y magistrados del Poder Judicial de la Ciudad de México avanza con pasos firmes. Según el consejero electoral Ernesto Ramos, el 12 de febrero será la fecha límite para que los Comités de Evaluación de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial entreguen al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) la lista de aspirantes que podrán contender en la histórica elección judicial del 2024-2025.
Ramos explicó que una vez recibidas las listas, el IECM registrará a los candidatos y preparará las boletas electorales. “Se elegirán al menos el 25% de los cargos de jueces y juezas vigentes, y un mínimo del 40% de magistrados actuales,” detalló.
El proceso comenzó con la instalación de la Comisión Especial para el Proceso de Selección en el Congreso local, que será responsable de recibir las propuestas de los Comités de Evaluación. Próximamente se emitirá la convocatoria para quienes deseen postularse, quienes podrán inscribirse ante cualquiera de los tres poderes.
Cada Comité de Evaluación estará conformado por cinco abogados de reconocida trayectoria, quienes evaluarán si los aspirantes cumplen con los requisitos para ser candidatos. En caso de que un aspirante sea aprobado por los tres poderes, su boleta indicará esta condición, garantizando transparencia y equidad en el proceso.
Desafío electoral histórico
La presidenta del IECM, Patricia Avendaño, subrayó que la elección judicial del 1° de junio de 2025 será más grande que las vividas anteriormente en la capital. La institución enfrenta el reto de organizar la votación en tan solo cinco meses y cinco días, con un presupuesto asignado de 2,153 millones de pesos, monto inferior al solicitado inicialmente.
La consejera Sonia Pérez Pérez destacó que, a pesar del corto tiempo, el IECM trabajará en la ubicación de centros de votación, el diseño de materiales electorales y campañas informativas, entre otras tareas. “Es un desafío importante, pero estamos comprometidos con la equidad y la transparencia,” aseguró.
Esta elección judicial representa un paso trascendental en la democratización del sistema judicial de la Ciudad de México, marcando un precedente en la participación ciudadana y la transparencia institucional.
