Ante la crisis de violencia que afecta severamente la economía de Sinaloa, un grupo de empresarios y líderes sociales presentó un plan de emergencia económica en el Senado, con el objetivo de reactivar las actividades comerciales, apoyar a las familias afectadas y garantizar la seguridad en la región. El impacto de la inseguridad, que ha generado pérdidas estimadas en más de 18 mil millones de pesos desde septiembre, fue el eje central de las discusiones.
Un plan integral de rescate económico
El plan, liderado por la presidenta de la Coparmex Sinaloa, Martha Reyes, propone un enfoque multisectorial para enfrentar la crisis. Entre las principales medidas destacan:
- Fondo de apoyo a desempleados: Se busca crear un fondo de 250 millones de pesos para otorgar apoyos económicos a quienes hayan perdido su empleo debido a la violencia. Este fondo incluye 50 mil apoyos alimentarios para las familias más afectadas.
- Empleo temporal: La propuesta contempla la asignación de 5 mil millones de pesos para generar 25 mil jornales con salario mínimo, destinados a labores de mantenimiento de infraestructura pública en el estado.
- Salud mental: Reconociendo el impacto psicológico de la violencia, se plantea un programa de atención con un presupuesto de 15 millones de pesos, que será administrado por la Secretaría de Salud estatal.
- Créditos para mipymes: Las micro, pequeñas y medianas empresas recibirían créditos con una tasa de interés preferencial, tres puntos por debajo de la referencia del Banxico. Además, se establecería un periodo de gracia de seis meses y plazos de pago de hasta cinco años.
- Fortalecimiento de la seguridad pública: Se solicita un presupuesto de 1,500 millones de pesos para instalar 2,500 videocámaras de vigilancia y distribuir 50 mil botones de emergencia, así como reforzar la presencia policial en las zonas más vulnerables.
Reacción de los líderes empresariales
En la reunión, Martha Reyes subrayó que los empresarios no buscan subsidios, sino condiciones para trabajar en un entorno seguro: “No pedimos regalos, pedimos seguridad para que los sinaloenses podamos solventar nuestras necesidades básicas. La violencia ha creado no solo pérdidas económicas, sino un daño emocional profundo en nuestras comunidades”.
Por su parte, Cristina Ibarra, presidenta del Colegio de Economistas de Sinaloa, explicó que las pérdidas económicas equivalen al 3.5% del PIB estatal y advirtió sobre la urgencia de actuar: “Si no se implementan estas medidas de forma inmediata, muchas empresas no podrán pagar nóminas ni aguinaldos, y eso solo agravará la crisis”.
Impacto en las mipymes y el empleo
Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que representan el 70% del empleo formal en Sinaloa, han sido las más afectadas por la inseguridad. Según Reyes, más de 10 mil empleos se han perdido desde septiembre, y muchas empresas operan bajo horarios reducidos debido al miedo constante entre empleados y clientes.
El colaborador promedio, explicó Reyes, enfrenta altos niveles de estrés al ir al trabajo o llevar a sus hijos a la escuela, lo que afecta la productividad: “Nuestros trabajadores no producen igual bajo estas condiciones. Hay una psicosis colectiva que debe atenderse con urgencia”.
Llamado al gobierno federal
Durante la reunión, los empresarios hicieron un llamado al gobierno federal para que asigne mayores recursos a la seguridad pública en Sinaloa. La presidenta de Coparmex Sinaloa insistió en la necesidad de que las instituciones trabajen de manera coordinada para enfrentar esta crisis.
Además, criticó la reciente decisión del SAT de retener más de 2,800 millones de pesos del presupuesto estatal debido a deudas heredadas por la administración anterior. Según los empresarios, esta medida solo empeora la situación:
“En lugar de quitarnos recursos, necesitamos que el gobierno federal se comprometa a invertir más en Sinaloa. No podemos hablar de pacificación sin presupuesto”, declaró Reyes.
Los senadores sinaloenses que asistieron a la reunión mostraron su respaldo al plan. Senadora Rosa Elena Millán Bueno destacó la importancia de trabajar en conjunto con el sector privado para encontrar soluciones sostenibles: “No podemos dejar a Sinaloa solo en este momento crítico. Estas propuestas son viables y demuestran que la sociedad civil está comprometida con el bienestar del estado”.
Por su parte, Senador Mario Zamora Gastélum pidió a los legisladores federales priorizar el caso de Sinaloa en el presupuesto 2025: “No es un tema político, es un tema humano. La violencia ha llevado al límite a nuestros ciudadanos, y el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar su seguridad y bienestar”.
Desafío de la pacificación
La violencia en Sinaloa no es un problema reciente, pero los actos delictivos de los últimos meses han evidenciado la necesidad de un enfoque más integral. Expertos en seguridad han señalado que las medidas policiales deben complementarse con políticas públicas que aborden las causas estructurales de la violencia, como la pobreza y la falta de oportunidades.
En este sentido, el plan de los empresarios incluye un componente de desarrollo comunitario que recuerda los esfuerzos realizados en la década de los 90 por atacar la marginación en zonas rurales. “Sin inversión en educación, infraestructura y programas sociales, cualquier plan de seguridad será insuficiente”, opinó el analista político Alejandro Sicairos.
