¿Quiere entender cuánto dinero paga para que le gobiernen? Sigamos simples matemáticas, en números redondos el presupuesto anual de varias instituciones de acuerdo al beneficio que aportan al país es obsceno. Dinero público que se maneja de forma opaca y con deficiencias para los habitantes. Ese dinero en ocasiones señalado como un gasto innecesario, y en otras considerado como algo indispensable o no negociable, es dinero que la población paga.
Por ejemplo, según el INE, la futura elección judicial podría costar unos 8 mil millones de pesos (algo que sigue negociándose). Por otra parte hace unos meses se determinó que los partidos políticos recibirían unos 10 mil millones de pesos y aunque no invierten ese presupuesto a favor de la ciudadanía se les otorga anualmente. Finalmente el polémico INAI costaba al año 1,000 millones de pesos, algo así como $6 pesos anuales por mexicano.
La elección de jueces en México, programada para 2025, enfrenta un escenario crítico que podría derivar en una crisis constitucional, según el reciente informe del Observatorio Electoral Judicial. El proceso, calificado como “un laberinto jurídico”, ha generado intensos debates en la esfera política, académica y social, debido a la falta de un marco normativo claro y al impacto de una reforma apresurada.
Contexto del conflicto
El Observatorio Electoral Judicial, compuesto por organizaciones como Laboratorio Electoral, Práctica: Laboratorio para la Democracia, Disentir – Unidos por la Justicia Social y la Equidad, y académicos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), presentó un informe contundente. Este documento señala que la reforma judicial aprobada recientemente contraviene tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Entre los principales problemas identificados, destaca que el proceso electoral extraordinario de 2025 carece de una legislación secundaria adecuada, ya que las normativas emitidas están enfocadas en el proceso ordinario de 2027. Esto deja al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) con la tarea de crear un plan y calendario electoral, además de establecer normativas específicas para la contienda, todo bajo un contexto de incertidumbre y limitaciones presupuestales.
Irma Méndez, académica de FLACSO y coautora del informe, subrayó que “la prisa por implementar una reforma de esta magnitud ha puesto en riesgo no solo la transparencia del proceso, sino también la estabilidad constitucional del país”. Méndez destacó que, al tratarse de un ejercicio inédito, era imprescindible contar con una regulación robusta que garantizara la imparcialidad y claridad del proceso.
Por su parte, Nicolás Loza, también de FLACSO, alertó sobre el impacto presupuestal: “El INE enfrenta restricciones financieras que dificultarán la organización de los comicios. Esta insuficiencia podría comprometer no solo la logística, sino también la credibilidad de los resultados”.
Los trabajadores del Poder Judicial han trasladado sus protestas a nivel internacional. La semana pasada, se reunieron con integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar lo que consideran una vulneración de derechos laborales y democráticos. Durante una manifestación frente al edificio del Senado, uno de los representantes declaró: “Estamos ante un intento de debilitar la independencia judicial bajo el pretexto de austeridad y eficiencia”.
El debate también ha polarizado a los partidos políticos. Diputados de Morena y sus aliados defienden la reforma como un avance hacia un sistema más eficiente y menos costoso. “Este proceso electoral extraordinario marcará el inicio de un Poder Judicial más cercano al pueblo y menos burocrático”, aseguró la diputada morenista Katia Alejandra Castillo durante una sesión.
En contraste, la oposición ha advertido sobre los riesgos de centralización del poder. El senador panista Damián Zepeda cuestionó: “¿Cómo podemos confiar en un proceso que no tiene reglas claras? Este es un ataque directo a la independencia judicial y un intento de controlar el único contrapeso real al Ejecutivo”.
Críticas internacionales y riesgos
El Observatorio Electoral Judicial también señaló que la falta de preparación para implementar la reforma contraviene principios internacionales. Según su informe, México podría enfrentar sanciones en organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos si no corrige las irregularidades detectadas.
Entre los riesgos más relevantes destacan:
- Legitimidad del proceso electoral: La ausencia de reglas claras podría derivar en impugnaciones masivas y cuestionamientos sobre la validez de los resultados.
- Sostenibilidad financiera: El INE no cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo un proceso de esta magnitud, lo que podría provocar recortes en áreas clave de la organización electoral.
- Impacto en la ciudadanía: La falta de información adecuada podría limitar la participación ciudadana y generar desconfianza en las instituciones.
Movilización social y perspectivas
La sociedad civil también ha jugado un papel fundamental en este contexto. Organizaciones como México Evalúa y Transparencia Mexicana han exigido al Congreso y al Ejecutivo mayor claridad en la implementación de la reforma. “La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales en un proceso de esta naturaleza. Sin ellas, lo único que se genera es desconfianza”, afirmó Edna Jaime, directora de México Evalúa.
En tanto, trabajadores del Poder Judicial anunciaron que mantendrán sus movilizaciones hasta que se garantice un proceso justo y transparente. “No vamos a permitir que se atropellen nuestros derechos ni los de los ciudadanos que representamos”, declaró un líder sindical durante una protesta en el Zócalo capitalino.
Papel del INE
El Instituto Nacional Electoral enfrenta uno de sus mayores retos históricos. Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del INE, comentó en un foro reciente que “el INE no puede ni debe improvisar en un proceso tan delicado. Se necesita tiempo, recursos y voluntad política para garantizar elecciones que respeten los principios democráticos”.
Por su parte, la actual presidenta del INE, Guadalupe Taddei, se comprometió a trabajar en coordinación con los organismos necesarios para definir las reglas del juego. “Estamos conscientes de los desafíos, pero también de la responsabilidad que tenemos con la ciudadanía”, afirmó.
La pregunta que permanece es si México logrará superar este desafío de manera que fortalezca su democracia o si, por el contrario, este proceso se convertirá en un ejemplo más de los riesgos de implementar reformas sin la preparación adecuada.
