El exgobernador de Puebla, Mario Marín, conocido en los medios como “El Gober Precioso”, ha sido trasladado de prisión preventiva a arraigo domiciliario, según una resolución judicial reciente. Esta decisión ha generado un amplio debate en la sociedad y entre los actores involucrados, destacando la complejidad del caso que involucra acusaciones de tortura y vínculos con redes de trata.
Marín, quien enfrenta acusaciones serias incluyendo la orden de tortura contra la periodista Lydia Cacho en 2005, ha sido objeto de controversia desde que se filtró un audio en el que se le escucha coordinando acciones contra Cacho con el empresario Kamel Nacif. Este audio fue el origen del apodo ‘Góber precioso’, término que Marín lleva como una marca de su paso por la política y que resurgió con fuerza tras su detención en 2021.
La jueza Angélica del Carmen Ortuño Suárez, del estado de Quintana Roo, dictaminó el cambio de medida cautelar de Marín argumentando que no representa un peligro de fuga. La jueza también estableció un depósito de garantía de 100 mil pesos y ordenó el uso de un brazalete electrónico para Marín, quien deberá residir en su domicilio ubicado en el fraccionamiento San Ángel de Xilotzingo, en la ciudad de Puebla.
Sin embargo, la decisión ha sido recibida con críticas y escepticismo, especialmente por parte de la organización de derechos humanos Artículo 19, que acompaña a Lydia Cacho en este proceso. Artículo 19 anunció que impugnará la decisión, citando riesgos de fuga y posibles riesgos para la víctima, y reiteró su preocupación por la seguridad de Cacho, quien se ha visto forzada a vivir fuera de México debido a amenazas a su seguridad personal.
En respuesta a la medida, la periodista Lydia Cacho ha expresado su descontento y preocupación a través de las redes sociales, señalando que la lucha por la justicia en su caso continúa enfrentando obstáculos significativos.
El caso de Mario Marín no es solo un ejemplo de las dificultades que enfrentan las víctimas de abusos de poder en México, sino también un reflejo de los desafíos del sistema judicial del país en manejar casos de alta complejidad y sensibilidad. La revisión de este caso ha resaltado la tensión entre la aplicación de la ley y la percepción pública de impunidad en casos de corrupción y abuso de poder.
Este caso también subraya la importancia del debate público y el rol de los medios y las organizaciones civiles en la vigilancia del proceso judicial, garantizando que casos como el de Marín sean tratados con la seriedad y el rigor que merecen. Mientras Mario Marín permanece en arresto domiciliario, el país sigue observando y debatiendo las implicaciones de este caso, esperando que se haga justicia de una manera justa y transparente.
