En el núcleo agrario “El Bajío”, ubicado en Caborca, Sonora, un aire de triunfo y esperanza envuelve a la comunidad después de que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) reconociera, tras más de dos décadas, los derechos de propiedad de los ejidatarios sobre uno de los yacimientos de oro más grandes del país.
La mina, explotada por Minera Penmont, ha sido el centro de un prolongado conflicto que finalmente ve una resolución favorable para los ejidatarios. En una reciente reunión con senadores, figuras como: Abel, José Concepción y Carmen Cruz Pérez, Luis Enrique Cruz Figueroa y Erasmo Cruz López, compartieron su alivio y satisfacción por el desenlace que tomó más de dos décadas en materializarse.
La resolución llegó gracias a una sentencia judicial emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de Hermosillo, Sonora, que instruyó a la Sedatu, a través de la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional, a reconocer oficialmente a los cinco propietarios de los terrenos en el expediente agrario 188/2009.
La lucha incluyó enfrentamientos con la magistrada Alejandrina Gámez Rey, titular del Tribunal Unitario Agrario Del Distrito 28, quien fue señalada por los ejidatarios de obstaculizar la ejecución de la sentencia de noviembre de 2011. Esta sentencia establece que son los únicos con derechos legales para explotar, usar y disfrutar las tierras de uso común.
Además de los litigios enfrentados por los cinco ejidatarios principales, existen otros 67 juicios pendientes de ejidatarios del mismo núcleo, complicando aún más la situación.
La comunidad de El Bajío, compuesta por múltiples familias que dependen de estas tierras para su sustento, recibió con júbilo la noticia. Abel Cruz, uno de los ejidatarios principales, expresó su alivio y gratitud por la resolución que pone fin a años de lucha y despojo. “Es una victoria no solo para nosotros, sino para toda la comunidad que ha vivido en la incertidumbre y la lucha constante,” afirmó Abel en una entrevista posterior a la decisión.
Esta resolución no solo reconoce a los ejidatarios como legítimos propietarios, sino que también abre la puerta para una explotación más equitativa y sostenible del yacimiento de oro. Con el apoyo legal firme, los ejidatarios ahora pueden buscar formas de beneficiarse directamente de los recursos naturales de su tierra, promoviendo un desarrollo económico que respete tanto sus derechos como el medio ambiente.
El reconocimiento de Sedatu marca un precedente importante en cómo se manejan los derechos de propiedad y los recursos naturales en México, especialmente en áreas donde las comunidades locales han sido marginadas históricamente en decisiones sobre la tierra y sus recursos.
**Un Modelo de Resiliencia y Determinación**
La resolución del conflicto en Caborca es un testimonio del poder de la perseverancia y la justicia, mostrando que, con el apoyo adecuado y la determinación, las comunidades pueden defender sus derechos y lograr un cambio significativo. La historia de El Bajío se convierte así en un faro de esperanza para otras comunidades en situaciones similares, destacando la importancia de la ley y la justicia en la protección de los derechos agrarios y territoriales en México.
