28 septiembre, 2024

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, está lista para decidir el próximo 23 de mayo sobre las medidas cautelares solicitadas por México en contra del gobierno de Ecuador, tras la irrupción del pasado 5 de abril, cuando autoridades ecuatorianas ingresaron violentamente a la embajada mexicana en Quito para detener a Jorge Glas, ex Vicepresidente del país durante la presidencia de Rafael Correa.

 

El presidente de la CIJ, Nawaf Salam, anunció que la decisión se leerá en una audiencia programada para las 15:00 horas, tiempo de La Haya (13:00 GMT). Este conflicto internacional se originó luego de que México acogiera a Glas, quien ha sido acusado y condenado en Ecuador por delitos de corrupción.

 

El 11 de abril, México recurrió a la CIJ, argumentando que el asalto a su embajada violaba los principios internacionales que rigen la resolución pacífica de disputas y la inviolabilidad de las misiones diplomáticas.

 

Como respuesta, el gobierno mexicano ha pedido que se obligue a Ecuador a garantizar la seguridad de las instalaciones diplomáticas y que se retire cualquier presencia no autorizada de los edificios diplomáticos mexicanos en Ecuador.

 

 

Durante las audiencias públicas celebradas el 30 de abril y el 1 de mayo, México expresó que Ecuador había “cruzado líneas prohibidas en el derecho internacional”, y calificó la acción como un “precedente desconcertante” para la comunidad internacional. Acusó a Ecuador de mostrar un “descarado desinterés” por las normas internacionales y por la seguridad de las personas dentro de la embajada.

 

Por su parte, el gobierno de Ecuador defendió su acción como “excepcional”, argumentando que Glas, a quien describen como un “criminal común“, ya había sido condenado por corrupción.

 

El embajador de Ecuador ante los Países Bajos, Andrés Terán, aseguró que su país ha ofrecido garantías escritas de que respetará y protegerá las instalaciones y al personal diplomático mexicano.

 

Esta controversia llega en un momento delicado para las relaciones entre ambos países, con México utilizando el incidente como ejemplo de violaciones a tratados internacionales y Ecuador insistiendo en su derecho a hacer cumplir sus leyes internas, incluso cuando involucran operaciones en sedes diplomáticas extranjeras.