La Casa Blanca anunció un paquete de medidas contra el gobierno de Venezuela que incluye recompensas económicas, sanciones y restricciones de viaje. La medida más destacada es la recompensa de 25 millones de dólares por la captura o condena de Nicolás Maduro , incrementada desde los 15 millones anunciados previamente. Este anuncio coincide con la nueva juramentación de Maduro como presidente , un acto que Washington y sus aliados internacionales consideran ilegítimo, pues reconocen a Edmundo González como “presidente electo”.
Según fuentes de la administración de Joe Biden, existen “pruebas irrefutables” de que González ganó los comicios del 28 de julio , por lo que la Casa Blanca afirma que debía asumir la Presidencia. Ante la continuidad de Maduro, considerado por Estados Unidos como un “usurpador”, se han intensificado las sanciones contra funcionarios vinculados al chavismo.
Además de la recompensa por Maduro, Estados Unidos ofrece 25 millones de dólares por el ministro del Interior, Diosdado Cabello , y 15 millones por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López .
El Departamento del Tesoro también amplió el rango de restricciones económicas y de viaje para altos cargos e instituciones que, a juicio de Washington, respaldan al gobierno de Maduro en la represión de la oposición y la violación de derechos civiles. PDVSA y la aerolínea estatal Conviasa son dos de las empresas estatales incluidas en las sanciones, que buscan bloquear transacciones financieras y congelar activos de individuos e instituciones.
La Unión Europea se suma a la presión internacionalal señalar que la investidura de Maduro “no cuenta con legitimidad democrática”. Por ello, han aumentado sus propias medidas contra funcionarios venezolanos, sumando a otros 15 miembros del Consejo Nacional Electoral, el poder judicial y las fuerzas de seguridad. En total, 69 personas en Venezuela están sujetas a sanciones de la UE, con la prohibición de viajar al bloque y la congelación de sus activos.
Maduro y sus colaboradores califican estas sanciones de “guerra económica” y rechazan cualquier intervención extranjera que busque desestabilizar su gobierno, sin embargo, la comunidad internacional defiende estas medidas como parte de un esfuerzo para restablecer la democracia y proteger los derechos ciudadanos en Venezuela.
Así, mientras Maduro inicia un nuevo mandato en medio de acusación de fraude, las presiones económicas y legales de Estados Unidos y la Unión Europea elevan la incertidumbre sobre el futuro político y social del país sudamericano.
