Con una votación unánime de 441 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó el 21 de noviembre la reforma al artículo 21 constitucional que amplía las facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Esta iniciativa busca fortalecer el sistema de seguridad pública en México, dotando a la SSPC de nuevas atribuciones para coordinar, investigar y dirigir estrategias nacionales en materia de seguridad.
Detalles de la reforma
El dictamen establece que la SSPC, junto con el Ministerio Público, las policías de investigación y la Guardia Nacional, tendrá facultades para investigar delitos, ampliando su rol en la estrategia de seguridad del país. Además, incorpora al Sistema Nacional de Seguridad Pública como eje central para supervisar el ejercicio de los recursos destinados a seguridad en los estados y municipios.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública jugará un papel clave, con la capacidad de emitir lineamientos, homologar estándares y garantizar una coordinación eficiente entre los tres niveles de gobierno.
Entre las principales funciones de la SSPC, destacan:
- Formular y dirigir la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
- Coordinar el Sistema Nacional de Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.
- Diseñar y ejecutar programas, políticas y acciones contra el crimen organizado.
- Auxiliar a la Presidencia en materia de seguridad nacional.
Posturas de los legisladores
La aprobación del dictamen contó con el respaldo de todos los grupos parlamentarios representados en San Lázaro, aunque cada bancada expresó diferentes perspectivas sobre los retos y alcances de la reforma.
Julia Arcelia Olguín Serna, diputada de Morena, celebró la reforma como un paso crucial en la lucha contra el crimen organizado. “Con esta reforma avanzamos hacia un aparato nacional de seguridad más robusto, con capacidad de investigación criminal y una verdadera estrategia para combatir al crimen organizado”, afirmó.
Mario Calzada Mercado, del PRI, reconoció la importancia de dotar a la SSPC de nuevas facultades, aunque subrayó la necesidad de mejorar la procuración de justicia, profesionalizar las policías y aumentar los recursos para equipamiento y sueldos. “Es un avance, pero necesitamos acciones concretas para que esta reforma se traduzca en mayor seguridad para los ciudadanos”, señaló.
Fernando Torres Graciano, del PAN, respaldó la reforma con un llamado a la rendición de cuentas. “No es un voto de confianza, sino de exigencia de resultados. Queremos que esta reforma se traduzca en recuperar la seguridad y la paz”, puntualizó.
Ruth Maricela Silva Andraca, del PVEM, calificó la reforma como un avance significativo. “Permitirá atacar actividades delictivas, neutralizar la violencia y combatir la extorsión, mejorando así la calidad de vida de los mexicanos”, expresó.
Pedro Vázquez González, del PT, destacó que la reforma dota a las instituciones de las herramientas necesarias para proteger a la ciudadanía. “Es tiempo de apostar por un modelo de seguridad basado en datos, estrategias y coordinación”, mencionó.
Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, de MC, enfatizó que el dictamen refuerza el carácter civil de la seguridad pública. “Esta reforma otorga a la SSPC la facultad de coordinar y dirigir la estrategia nacional, pero manteniendo un enfoque civil en la seguridad”, afirmó.
Impacto en los estados y municipios
Uno de los aspectos destacados de la reforma es el destino de los fondos federales de seguridad pública exclusivamente a estados y municipios, con un estricto control por parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta medida busca garantizar que los recursos sean utilizados de manera transparente y eficiente.
Además, se espera que la homologación de estándares y criterios en todo el país contribuya a una mejor coordinación entre las policías municipales, estatales y federales, fortaleciendo así las capacidades locales para combatir el crimen.
Con la aprobación del dictamen en la Cámara de Diputados, la reforma ahora deberá ser ratificada por el Senado de la República. De ser aprobada, la SSPC asumirá un papel central en la seguridad pública del país, con mayores responsabilidades en la implementación de estrategias y la investigación criminal.
Este nuevo modelo plantea retos significativos, como garantizar la profesionalización de las policías, la asignación adecuada de recursos y la implementación efectiva de las políticas de seguridad.
La reforma para la creación de la ‘Súper Secretaría’ de Seguridad Pública representa un esfuerzo por fortalecer el marco institucional en un país marcado por altos índices de criminalidad. Sin embargo, su éxito dependerá de la capacidad de las autoridades para implementar las medidas previstas y de la rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno.
En palabras de Fernando Torres Graciano: “Es el clamor ciudadano. Ahora toca a las autoridades demostrar que este nuevo modelo puede recuperar la seguridad y la paz que tanto necesita el país”.
