En una sesión extraordinaria, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se declaró en sesión permanente este domingo por la noche, en preparación para iniciar la discusión de un dictamen que podría marcar un hito en la historia legislativa de México. El propósito: impedir que se presenten juicios de amparo, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad en contra de reformas a la Constitución. Este dictamen, en seguimiento a una minuta enviada por el Senado el pasado jueves, busca establecer claramente que el sistema constitucional mexicano no contempla la posibilidad de impugnar enmiendas a la Carta Magna.
El presidente de la Comisión, Leonel Godoy Rangel (Morena), confirmó que la sesión para debatir el dictamen se llevará a cabo este lunes a las seis de la tarde, asegurando que habrá espacio para la discusión profunda de esta medida. La aprobación del orden del día, realizada en poco más de una hora, desató tensión entre las fuerzas políticas, pues la oposición manifestó su descontento por lo que consideraron un apresuramiento en el proceso. En respuesta, Godoy ofreció garantías de que se respetará el acuerdo de realizar una discusión exhaustiva antes de la votación, con la intención de calmar las suspicacias de sus opositores.
Controversia en el debate legislativo
Uno de los puntos más conflictivos de la jornada fue la rapidez con la que se ha procedido en este proyecto, lo que generó cuestionamientos por parte de los partidos de oposición. Noemí Luna, coordinadora del PAN, criticó la velocidad con la que Morena ha impulsado cambios constitucionales en esta legislatura. Luna calificó estos movimientos como sin precedentes y argumentó que la propuesta actual representa una amenaza sin igual para el sistema jurídico de México.
“Desde 1917 hasta la fecha, nuestra Constitución ha sido reformada 801 veces, pero es durante este periodo de la llamada Cuarta Transformación que hemos visto 88 modificaciones, y de ellas, 30 han impactado en 30 artículos distintos en menos de un mes”, señaló Luna. “Esta propuesta de modificación a los artículos 105 y 107 lleva un veneno particular contra la República”.
La coordinadora también subrayó la falta de consenso en la comisión, que apenas se constituyó formalmente el pasado viernes y se apresura ahora a abordar este tema sin definir claramente los parámetros del debate. El PRI, a través de su coordinador Rubén Moreira, respaldó esta preocupación y agregó que un cambio de esta magnitud exige más transparencia y tiempo para una reflexión adecuada.
El dictamen, que podría modificarse en la sesión de mañana, fue cuestionado por miembros de la oposición por su alcance e implicaciones. Al explicar el objetivo de la reforma, la Comisión de Puntos Constitucionales precisó que esta busca “clarificar” que las reformas constitucionales no pueden ser impugnadas, en respuesta a quienes consideran que estas modificaciones pueden y deben ser objeto de revisión judicial.
Según el proyecto, “el actual sistema constitucional mexicano no contempla esta posibilidad”. Morena argumenta que las impugnaciones a reformas constitucionales generarían incertidumbre en el sistema legal, afectando la estabilidad de las leyes y decisiones futuras. Para los legisladores de Morena, la reforma no sólo consolidará la soberanía del Congreso en cuanto a modificaciones de la Carta Magna, sino que también impedirá que los jueces puedan bloquear cambios aprobados por la mayoría legislativa.
“Esta reforma no es más que un esfuerzo por mantener el orden constitucional y evitar interpretaciones que van más allá del poder judicial”, sostuvo el presidente de la Comisión, Leonel Godoy. Según él, permitir que se impugnen reformas constitucionales abriría la puerta a un proceso interminable de litigios que podrían obstaculizar la labor legislativa.
Tensiones en la Cámara
La posibilidad de limitar los amparos y controversias contra reformas constitucionales ha provocado una clara división en la Cámara de Diputados. La fracción de Morena, que argumenta que la medida es necesaria para evitar que los jueces interfieran en la labor del Congreso, cuenta con un respaldo significativo dentro de la comisión; sin embargo, los partidos de oposición sostienen que esta reforma vulnera la estructura democrática del país y pone en riesgo la separación de poderes.
Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), respaldó la necesidad de “poner límites” a lo que considera un exceso de poder judicial en ciertas decisiones. “Cuando hay excesos y despropósitos de uno de los poderes del Estado, es fundamental que la Constitución ponga límites para preservar el equilibrio”, afirmó Monreal, haciendo alusión a ciertos casos recientes en los que el poder judicial intervino en reformas legislativas.
No obstante, los legisladores de oposición ven esta propuesta como una maniobra que busca acotar la capacidad de revisión y balance del poder judicial sobre las reformas constitucionales impulsadas por Morena. Para Rubén Moreira del PRI, la premura con la que se está procesando este dictamen confirma las sospechas de que la medida podría tener fines políticos. “Hacer cambios tan estructurales sin una discusión abierta y transparente compromete la credibilidad del Congreso ante la ciudadanía”, enfatizó.
La Comisión de Puntos Constitucionales continuará con la discusión del dictamen este lunes, y se espera una sesión en la que el debate pueda extenderse hasta horas de la noche. En tanto, organizaciones de derechos humanos y expertos en derecho constitucional han expresado su preocupación por los alcances de esta reforma y anticipan que, de ser aprobada, podrían buscarse vías legales o constitucionales para impugnarla.
El INE y otras instituciones de defensa de los derechos ciudadanos han anunciado que seguirán de cerca el debate y su eventual aprobación en el pleno, pues consideran que la medida podría tener implicaciones en la autonomía de organismos clave y en la propia dinámica de la democracia mexicana.
Para el martes se espera una conferencia de prensa conjunta de los líderes de las fracciones opositoras para expresar su postura oficial ante el dictamen y dar a conocer sus planes de acción, ya que han adelantado que podrían recurrir a estrategias legales y legislativas para frenar lo que consideran una amenaza directa a la Constitución.
