Tras la serie de eventos que podrían redefinir el futuro de la justicia en México, los recién concluidos foros sobre la reforma al Poder Judicial, han marcado la línea de cómo se percibe y se gestiona la ley en el país. La voz de Ernestina Godoy, próxima Consejera Jurídica de la Presidencia, anticipó cambios en la propuesta de reforma que inicialmente presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Todo comenzó el pasado 5 de febrero, cuando se propuso una reforma destinada a modificar profundamente la estructura del Poder Judicial. La intención era clara: actualizar y mejorar la eficiencia, transparencia y accesibilidad del sistema judicial. Sin embargo, como es común en procesos de esta magnitud, la propuesta inicial no fue recibida sin críticas.
Durante los foros, que se extendieron hasta el 8 de agosto en Sinaloa, se discutió ampliamente sobre la necesidad de incorporar cambios a la propuesta original. Según Ernestina Godoy, estos encuentros no fueron un mero trámite. Por el contrario, se escucharon y consideraron seriamente las preocupaciones y sugerencias de todos los participantes, desde abogados hasta jueces y ciudadanos interesados.
Uno de los cambios más significativos y comentados es la inclusión del “pase automático” para jueces y ministros en funciones, permitiéndoles ser parte de la boleta electoral sin necesidad de renunciar a sus cargos actuales, a menos que así lo deseen. Esta medida busca democratizar el proceso de elección y reelección de estos cargos, dando voz directa a la ciudadanía en estas decisiones cruciales.
Godoy fue enfática en destacar que la reforma sufrirá ajustes considerables: “No se trata de que no va a haber movimiento ni un punto ni una coma, va a haber mucho movimiento en puntos y comas”. Esto indica una apertura a modificar aspectos sustanciales de la propuesta para adaptarla mejor a las necesidades reales del sistema judicial y las expectativas de la sociedad.
Además, se contempla la creación de una comisión evaluadora que analizará los perfiles de los candidatos a jueces, ministros y magistrados. Esto es parte de un esfuerzo más amplio para garantizar que los individuos seleccionados para estos roles no solo cumplan con los requisitos legales, sino que también posean la integridad y competencia necesarias para ejercer la justicia de manera efectiva y ética.
La reforma al Poder Judicial es un tema de interés nacional que no solo afecta a los profesionales del derecho, sino a todos los ciudadanos. Las decisiones que se tomen y cómo se implementen estas reformas tendrán un impacto duradero en la capacidad del país para hacer frente a la corrupción, garantizar la justicia y mantener la confianza en sus instituciones.
A medida que nos acercamos al 22 de agosto, fecha en la que se votará el proyecto de dictamen en comisiones, todos los ojos están puestos en el Congreso y en los líderes involucrados en este proceso. Los ajustes propuestos y la manera en que se manejen estos cambios determinarán no solo la efectividad de la reforma, sino también cómo el público percibe la voluntad del gobierno de mejorar y fortalecer el sistema judicial del país.
Esta reforma es un testimonio del dinámico panorama político y social de México, donde el diálogo y la participación pública continúan modelando el futuro de la nación. Queda por ver si los cambios propuestos satisfarán las demandas de un sistema más justo y accesible, o si serán necesarias más modificaciones en el futuro.
