25 noviembre, 2024
Detenidos 7 funcionarios mexiquenses y definen su situación jurídica esta semana

 

Siete servidores públicos del Estado de México, entre ellos María Elena “N”, alcaldesa de Amanalco, y Ellery Guadalupe “N”, director del DIF de Tonatico, permanecerán en prisión preventiva tras ser acusados de secuestro, extorsión, homicidio y vínculos con el crimen organizado. Su detención se logró durante la Operación Enjambre, ejecutada el pasado viernes en 10 municipios mexiquenses por autoridades federales y estatales.

 

Cargos y Audiencias

Entre los delitos imputados destacan:

  • Homicidio calificado: La alcaldesa de Amanalco es señalada como autora intelectual del asesinato del síndico Miguel Ángel Lara de la Cruz y su chofer. Según el Ministerio Público, el crimen derivó de conflictos políticos y presuntos nexos con La Familia Michoacana, organización con la que habría pactado cuotas de hasta 1.3 millones de pesos.
  • Secuestro exprés y extorsión: Los jefes policiacos Manuel “N”, de Amanalco, y Eraclio “N”, de Tejupilco, están acusados de privar de la libertad a comerciantes para exigir pagos ilícitos.

Testimonios y Evidencias

En el caso de la alcaldesa, un testigo declaró haber escuchado una llamada donde ordenaba el asesinato del síndico: “Ya lo mando para Zacazonapan para que ya lo mate… si van los dos, los quiero muertos”.

 

Por su parte, Manuel “N” enfrenta denuncias de comerciantes que alegan amenazas de muerte y despojo de dinero, mientras que Eraclio “N” fue vinculado al cobro de “derecho de piso” para una célula criminal.

 

 

Operación Enjambre y Procesos Legales

La operación, que resultó en la captura de los siete funcionarios de cinco municipios, fue parte de un esfuerzo por combatir la infiltración del crimen organizado en estructuras gubernamentales. Las audiencias de los implicados se llevarán a cabo entre el miércoles y jueves para determinar su situación jurídica.

 

Estas acciones destacan la tolerancia cero contra la corrupción y el crimen organizado en la administración pública, buscando restablecer el estado de derecho en la región sur del Estado de México.

 

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México reafirmó su compromiso de erradicar las redes delictivas que operan en colaboración con autoridades locales, asegurando que estos casos serán llevados a cabo con apego a la justicia.