En el enfrentamiento político nacional, se abre una nueva estrategia contra una parte de la oposición. Ahora, la Cámara de Diputados analiza la posibilidad de reabrir el proceso de desafuero contra Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como “Alito”, actual dirigente nacional del PRI y senador. La propuesta de retomar este caso, impulsada por la Comisión Jurisdiccional, ha sido vista por algunos como un acto de justicia, mientras que otros lo consideran una estrategia de persecución política.
Alejandro Moreno, quien ya enfrentó una solicitud de desafuero en 2022 por parte de la Fiscalía de Campeche bajo acusaciones de presunto enriquecimiento ilícito, expresó que no teme un nuevo proceso y reiteró su confianza en la Constitución y la ley. “Voy a enfrentar el desafuero y los voy a exhibir, no solo aquí, sino en el mundo, como los fascistas y autoritarios que quieren acabar con la democracia en México”, afirmó Moreno en una conferencia en un hotel de Reforma, calificando la querella en su contra como un “embate del poder brutal”.
Comisión Jurisdiccional: Nueva polémica
La Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, en una decisión histórica, optó por cambiar su tradicional orden de prelación para dar prioridad a las solicitudes de juicio político recibidas en la actual legislatura, en lugar de atender casos pendientes de legislaturas anteriores. Este cambio ha permitido que la denuncia contra Moreno Cárdenas vuelva a estar en la mira, junto con otros juicios políticos, como las solicitudes contra ministros de la Suprema Corte y una jueza federal.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, enfatizó que el proceso no busca persecución ni vendetas políticas. “No es el propósito actuar contra una persona en lo individual”, explicó Monreal. “La Sección Instructora tiene autonomía para hacer su trabajo, y actuaremos conforme a la ley y la Constitución”. Monreal subrayó la importancia de evitar polarización en estos momentos y aseguró que el proceso legislativo no debe ser utilizado como herramienta de revanchismo.
Reacciones en el PT
El Partido del Trabajo (PT) también ha sido actor en esta escena, a través de su coordinador, Reginaldo Sandoval, quien ratificó las solicitudes de juicio político contra los ministros y jueces; sin embargo, Monreal ha mostrado desacuerdo con tales estrategias, señalando que “no apoyaría estrategias de persecución”. Para él, las recientes decisiones de la Corte que fortalecieron la reforma judicial son suficientes, y sugiere que el PT no debería buscar más confrontación.
Monreal declaró: “Somos aliados, pero cada uno tiene su responsabilidad. Después del resultado en la Corte, deberíamos buscar caminos de reencuentro, no de encono. Si ya nos dieron la razón, ¿para qué buscar más confrontación?”.
Alejandro Moreno responde: “A mí no me doblaron”
En respuesta al posible desafuero, Alejandro Moreno ha reiterado su disposición a enfrentar un nuevo proceso. En sus declaraciones, insistió en que, a pesar de años de persecución política, se ha mantenido firme y ha ganado todas las batallas judiciales. “Si defender la democracia, las instituciones y los derechos de los mexicanos hace que presenten un desafuero, que lo hagan”, dijo Moreno. “No me doblaron. A mí no me echaron para atrás, y si insisten, los voy a enfrentar y exponer como autoritarios”.
Moreno, quien también fue gobernador de Campeche, ha argumentado en repetidas ocasiones que las denuncias en su contra son resultado de una campaña de difamación. En su conferencia de prensa, reiteró su postura y acusó al gobierno de intentar deslegitimarlo a través de un “ataque brutal de poder”.
Sección Instructora y el proceso de desafuero
El Diario Oficial de la Federación anunció recientemente la integración de la Sección Instructora, la cual será presidida por Hugo Eric Flores. Esta sección, dependiente de la Comisión Jurisdiccional, es la encargada de analizar los expedientes de desafuero y emitir recomendaciones a la Cámara de Diputados sobre los casos que procedan. Flores reconoció que, aunque el proceso de desafuero contra Moreno estaba técnicamente cerrado desde la legislatura pasada, la comisión tiene el derecho de revisar el expediente para determinar si el cierre fue legal.
Flores señaló que el expediente de Moreno “no es tan pequeño” y sugirió que una revisión podría arrojar detalles relevantes. Este comentario ha generado expectativas y suspicacias tanto en el Congreso como en la opinión pública sobre el desenlace de este proceso.
El desafuero de Alito Moreno representa un caso emblemático en la política mexicana, ya que involucra a un líder de oposición que ha sido una figura clave en el PRI y un crítico vocal del gobierno. La posibilidad de reabrir el caso es vista por algunos legisladores de oposición y analistas como una táctica de Morena y sus aliados para debilitar a uno de sus adversarios. Por otro lado, sectores del oficialismo consideran que reactivar el proceso podría restaurar la confianza en la justicia y la transparencia del sistema político.
El desafío radica en cómo la Cámara de Diputados gestionará este proceso en un contexto de tensiones políticas. Para el PRI, la situación es crítica, ya que afecta la imagen de su líder nacional en un momento clave, mientras se preparan para las elecciones de 2024. En tanto, para Morena y sus aliados, el caso de desafuero se presenta como una oportunidad para reivindicar su lucha contra la corrupción, aunque arriesgándose a ser acusados de utilizar la ley con fines políticos.
