En reciente comparecencia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) 2024, México rechazó 14 de las 318 recomendaciones presentadas. Este examen, que evalúa diversos temas como la violencia de género, la migración, el desplazamiento y las desapariciones forzadas, entre otros, reveló importantes desafíos para el país en materia de derechos humanos.
Las recomendaciones rechazadas se centran principalmente en temas de militarización de la seguridad pública. Entre ellas, se destaca la propuesta de retirar progresivamente a las Fuerzas Armadas de tareas civiles, el establecimiento de mecanismos externos para la rendición de cuentas de agentes militares, y la investigación de casos de vigilancia de la población civil por parte de las fuerzas del orden. Estas medidas buscan mejorar la transparencia y la responsabilidad en las acciones de los militares, así como proteger los derechos de la población civil.
El Estado mexicano, aunque reconoció la existencia de varios retos en derechos humanos, reviró en cuanto a las recomendaciones de 115 países que se refirieron a militarización, seguridad, justicia, migración y desplazamiento forzado interno. En su defensa, el gobierno argumentó que la Guardia Nacional se está consolidando bajo un mando civil y negó la comisión de actos de vigilancia ilegal y violencia por parte de las Fuerzas Armadas contra la sociedad civil, periodistas y activistas.
El Colectivo Examen Periódico Universal México, compuesto por más de 300 organizaciones no gubernamentales, ha sido crítico respecto a la postura del gobierno. Estas organizaciones presentaron sus análisis para evaluar el sistema de gobierno en el país y llamaron a la siguiente administración a considerar seriamente las recomendaciones de la ONU. Insisten en que implementar estas recomendaciones es un compromiso internacional en favor de los derechos humanos y subrayan la importancia de incluir la participación de sectores vulnerables, así como de colectivos de víctimas y sus familias.
Entre otras recomendaciones rechazadas, destaca la eliminación de la figura de prisión preventiva oficiosa y arraigo, la creación de una ley en materia de desplazamiento forzado interno y la modificación de la Ley de Migración para eliminar disposiciones que permiten la detención administrativa de personas migrantes. Estas medidas buscan reforzar los derechos de los migrantes y desplazados internos, garantizando un trato más justo y humanitario.
A pesar de las negativas, el gobierno de México admitió que existen retos significativos en derechos humanos y expresó su disposición a continuar trabajando en colaboración con la comunidad internacional y las organizaciones de la sociedad civil para mejorar la situación en el país.
