En un reciente y contundente acto de movilización cívica, vecinos de la alcaldía Benito Juárez, junto con candidatos del partido Movimiento Ciudadano, han presentado una denuncia formal contra Rafael Bernardo Carmona Paredes, titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX). La acusación, formalizada ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, critica severamente la falta de transparencia y las omisiones en la gestión del suministro de agua, calificándolas de atentado contra el derecho humano fundamental al acceso al agua.
Contexto de la Crisis de Agua
Los residentes de las colonias Noche Buena, Nápoles, Portales, Anzúres y del Valle han experimentado problemas significativos con el suministro de agua, que ha llevado a la formación de un campamento en importantes vías como Insurgentes, donde los vecinos exigen respuestas y soluciones efectivas. Esta situación ha elevado las tensiones en la comunidad, propiciando una respuesta organizada para demandar acción y responsabilidad.
Detalles de la denuncia
La senadora Laura Ballesteros, junto con otros candidatos locales como Rodrigo Cordera Thacker, Luis Manuel Hernández León, y Úrsula Amaranta Martínez Barrueta, respaldados por más de 50 firmas de vecinos afectados, han sido los protagonistas en la formalización de esta denuncia. Ballesteros, quien ha expresado su frustración por ser ignorada en sus intentos previos de diálogo con el gobierno, subrayó la desconexión entre las autoridades y las necesidades ciudadanas. “Qué pueden esperar el resto de los vecinos que, con justa razón, tienen cerrada una vialidad y montaron su campamento para exigir respuesta real y suficiente,” señaló Ballesteros durante una conferencia de prensa.
Acusaciones específicas y respuesta legal
La denuncia penal interpuesta se basa en el Artículo 346 Fracción II del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, que aborda el delito de verter sustancias no permitidas en la red hidráulica. Además, acusan al SACMEX de omisión por no realizar las revisiones o supervisiones adecuadas en la red de distribución de agua. Esta acción legal busca no solo una solución inmediata al problema sino también una reforma en la manera en que se gestionan y supervisan los recursos hídricos en la ciudad.
Implicaciones Políticas y Sociales
El incidente ha resaltado la politización del manejo de crisis urbanas, donde, según los denunciantes, el gobierno y otros actores políticos han utilizado el problema para ganar puntos políticos en lugar de solucionar los problemas fundamentales. Además, la denuncia eleva el debate sobre la eficiencia y la transparencia del gobierno en la gestión de crisis, conectando este incidente con otros fallos administrativos recientes, como el colapso en la Línea 12 del Metro.
Futuras Medidas y Expectativas
Junto a la denuncia penal, se han planeado acciones administrativas adicionales, incluyendo una queja ante la Contraloría General de la Ciudad de México. Estas medidas buscan asegurar que se lleve a cabo un deslinde de responsabilidades y se establezcan procedimientos más rigurosos para la supervisión de los servicios públicos esenciales como es el suministro de agua.
Este caso no solo subraya la urgencia de abordar la crisis del agua en Benito Juárez con soluciones efectivas y transparentes, sino que también pone de relieve la importancia de la responsabilidad gubernamental en la gestión de recursos vitales y en la protección de los derechos humanos de los ciudadanos. La comunidad espera que esta denuncia sirva como un catalizador para reformas significativas en la política y la administración de los recursos hídricos de la Ciudad de México.
