En México, la impunidad en delitos graves ha alcanzado niveles críticos, reflejando la debilidad de las instituciones de justicia en el país, según el informe Hallazgos 2023 de México Evalúa. El estudio indica que el 96.3% de los delitos denunciados e investigados a nivel nacional quedan sin castigo, y la situación es aún más alarmante en delitos de alto impacto, como desaparición forzada, extorsión y homicidio doloso, cuyos índices de impunidad superan el 95%. Estos datos subrayan una creciente preocupación por la falta de eficacia del sistema penal en México y plantean serios cuestionamientos sobre las políticas públicas de seguridad y justicia en el país.
El informe de México Evalúa destaca que los delitos con mayores índices de impunidad son desaparición forzada (99.5%), extorsión (98.4%), fraude (97.2%) y homicidio doloso (96.8%). La situación empeoró en 2023 en comparación con el año anterior: la impunidad en secuestros aumentó un 4.2%, en desapariciones forzadas un 3%, y en homicidios un 1.1%. Esta tendencia contrasta con una ligera reducción en otros delitos, como el narcomenudeo (-2.2%), feminicidio (-1.9%) y violencia familiar (-1.8%), aunque estos datos siguen siendo insuficientes para equilibrar el panorama.
Estados con mayores y menores índices de impunidad
La realidad varía entre entidades federativas, aunque en general las cifras son alarmantes. Oaxaca, Jalisco y Colima encabezan la lista de estados con mayor impunidad, registrando niveles de 99.93%, 99.12% y 97.57% respectivamente. En contraste, Michoacán (76.26%), Querétaro (78.74%) y Guanajuato (79.82%) presentan los menores índices de impunidad, aunque estas cifras aún reflejan una situación preocupante.
Durante la presentación del informe, Mariana Campos, directora general de México Evalúa, hizo un llamado urgente a las autoridades, para replantear las políticas de seguridad y justicia. “Quiero aprovechar esta oportunidad para pedir a nuestras autoridades que las políticas públicas estén alineadas y centradas en el respeto a los derechos humanos. No podemos renunciar a los derechos humanos en nuestro sistema de justicia,” señaló Campos.
Participación de la Guardia Nacional en el sistema de justicia
Uno de los puntos críticos señalados en el informe es la participación de la Guardia Nacional en la investigación de delitos. México Evalúa advierte que este enfoque militar podría distorsionar el sistema de justicia penal, ya que la formación militar de la Guardia Nacional carece de un enfoque adecuado en derechos humanos y seguridad ciudadana. Según el informe, una mayor participación de la Guardia Nacional podría comprometer el debido proceso y agravar los problemas de impunidad.
El llamado de México Evalúa subraya la necesidad de fortalecer a las fiscalías y a los cuerpos de seguridad civil, quienes tienen una capacitación enfocada en la investigación y protección de los derechos humanos. Campos enfatizó: “El sistema de justicia penal debe operar de acuerdo a estándares civiles, priorizando la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos.”
Crisis de recursos en fiscalías y juzgados: Sobrecarga dificulta la justicia
El informe también destaca la sobrecarga de trabajo que enfrentan las fiscalías, los juzgados y las defensorías públicas en México. Según México Evalúa, en 2023, cada fiscal o agente del Ministerio Público atendió en promedio 310 carpetas de investigación, una cifra alarmante en comparación con las 181 reportadas en 2022. Esta sobrecarga compromete la calidad de las investigaciones y el acceso a una defensa adecuada, lo que afecta directamente el debido proceso y, en muchos casos, deriva en errores procesales que perpetúan la impunidad.
El informe también revela que los mecanismos alternativos de resolución de controversias, como los acuerdos reparatorios, solo se utilizan en el 6% de los casos. Estas herramientas permiten resolver conflictos de manera más rápida y eficiente, contribuyendo a reducir la carga en el sistema de justicia. Los acuerdos reparatorios, por ejemplo, llevan un promedio de 214 días en resolverse, en contraste con los juicios orales, que pueden extenderse hasta 553 días, cuestionando así el acceso a una justicia pronta y expedita.
Para Campos, la baja adopción de estos mecanismos refleja una falta de priorización en el manejo de casos dentro de las fiscalías, lo que contribuye a la saturación del sistema y agrava la impunidad. “Es esencial que se prioricen los casos y que se implementen mecanismos alternativos que agilicen los procesos penales, permitiendo una respuesta rápida y eficaz a las demandas de justicia de la ciudadanía,” subrayó.
Importancia del derecho a la información: Amenaza al INAI
En su presentación, Campos también expresó preocupación por el posible debilitamiento del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cuya existencia ha sido fundamental para el derecho a la información en México. Según la directora de México Evalúa, sin el INAI, las organizaciones civiles tendrían menos herramientas para monitorear y evaluar el desempeño de las instituciones de justicia. “Nos preocupa sobremanera que el INAI desaparezca sin una infraestructura que pueda hacer efectivo el derecho de acceso a la información,” afirmó Campos.
La falta de acceso a información confiable y pública dificultaría el análisis y el monitoreo del sistema de justicia, haciendo más opaco el proceso y debilitando la capacidad de la sociedad civil para exigir mejoras en el sistema de justicia penal.
El informe de México Evalúa concluye que el sistema de justicia en México requiere una reforma integral que fortalezca las instituciones y garantice el acceso a una justicia rápida, expedita y eficiente. Entre las recomendaciones se incluye la necesidad de aumentar los recursos destinados a las fiscalías y al sistema judicial, priorizar los casos más graves y fortalecer los mecanismos alternativos de resolución de controversias.
También se señala la urgencia de mejorar la capacitación del personal de justicia en derechos humanos y procedimientos civiles, una tarea en la que el rol de la Guardia Nacional debería limitarse para evitar su interferencia en el proceso penal civil.
Para Mariana Campos, un cambio significativo en el sistema de justicia es posible si las autoridades toman decisiones informadas y ponen en el centro de sus políticas el respeto a los derechos humanos y la transparencia. En sus palabras, “El acceso a la justicia es un derecho fundamental que no puede quedar comprometido por falta de recursos o por decisiones políticas que no consideren las necesidades de los ciudadanos.”
El alto índice de impunidad en delitos graves es una alerta urgente que llama a una acción coordinada entre las autoridades de todos los niveles en México. La falta de recursos y la sobrecarga de trabajo en el sistema de justicia están debilitando la respuesta institucional frente a los delitos, perpetuando una crisis que afecta la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.
La sociedad mexicana merece un sistema de justicia capaz de responder a sus demandas, con instituciones sólidas, transparentes y comprometidas con la defensa de los derechos humanos. La eliminación de la impunidad no es solo una cuestión de justicia, sino una base para restaurar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y asegurar un país más seguro y equitativo para todos.
