El campo mexicano enfrenta una crisis significativa que está teniendo efectos devastadores en el empleo rural. Según los últimos datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), correspondientes al segundo trimestre de 2024, la ocupación en el sector agropecuario ha experimentado una disminución alarmante, que ha exacerbado la precariedad laboral en este sector clave para la economía del país.
De acuerdo con el INEGI, la población ocupada en el sector primario de la economía, que incluye actividades como la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca, se redujo de 6.58 millones en el segundo trimestre de 2023 a 6.24 millones en el mismo periodo de 2024. Esto representa una disminución de 348,278 empleos en tan solo un año, lo que equivale a una reducción del 5.28% en la fuerza laboral del sector agropecuario.
Este descenso en el empleo rural no es solo una estadística; tiene implicaciones profundas para las comunidades rurales que dependen de estas actividades para su sustento. La pérdida de empleos en el campo está directamente relacionada con factores como la disminución de la productividad agrícola, la falta de inversión en infraestructura rural y las condiciones climáticas adversas que han afectado la producción en diversas regiones del país.
Impacto en la economía nacional
El sector agropecuario, que en el segundo trimestre de 2023 representaba el 11.24% del total de la población ocupada en México, ahora solo constituye el 10.57%. Esta caída de casi un punto porcentual en solo un año subraya la fragilidad del empleo en el campo y refleja un desplazamiento de la mano de obra hacia otros sectores, muchos de los cuales ofrecen condiciones laborales menos estables y con menores beneficios.
Mario Luis Fuentes, un experto en economía rural, señala que esta tendencia es preocupante, ya que el sector agropecuario ha sido históricamente una fuente importante de empleo en el país, especialmente en las regiones más pobres y menos urbanizadas.
“La disminución en el empleo rural no solo afecta a los trabajadores que pierden su fuente de ingresos, sino que también tiene un efecto dominó en las economías locales, que dependen del gasto de estos trabajadores para mantener vivos los pequeños negocios y mercados rurales”, comenta Fuentes.
Desplazamiento hacia micronegocios y trabajos informales
La ENOE también revela que muchos de los trabajadores desplazados del sector agropecuario han migrado hacia micronegocios y pequeños establecimientos, que siguen siendo los principales empleadores en México. Entre 2023 y 2024, se incorporaron 222,335 personas a micronegocios, es decir, establecimientos con menos de cinco empleados, pero estos trabajos a menudo son informales y carecen de los beneficios y la estabilidad que ofrecen los empleos formales.
En contraste, los grandes establecimientos, que incluyen a las empresas más grandes del país, experimentaron un aumento de 548,705 empleos, lo que indica una creciente desigualdad en las oportunidades laborales entre los diferentes sectores económicos.
En tanto que el sector público, también ha visto una reducción significativa en su fuerza laboral, con 49,741 personas menos trabajando en el gobierno en 2024 en comparación con el año anterior. Esto podría estar relacionado con políticas de austeridad y recortes presupuestales, que han afectado no solo al empleo, sino también a la prestación de servicios públicos en áreas rurales.
Condiciones laborales precarias y jornadas extenuantes
El INEGI también reporta un aumento en el número de personas que laboran más de 48 horas semanales, lo que refleja las condiciones laborales cada vez más exigentes para los trabajadores mexicanos. En 2024, 15.26 millones de personas trabajaron jornadas extenuantes, un incremento de 253,197 personas respecto al año anterior.
Este aumento en las horas trabajadas, sin un correspondiente aumento en los salarios o beneficios, pone de manifiesto la precariedad laboral que enfrentan muchos mexicanos, especialmente aquellos en sectores como el agropecuario y los micronegocios. Además, 12.2 millones de trabajadores no tienen acceso a servicios de salud por el trabajo que realizan, y 13 millones carecen de otras prestaciones laborales como vacaciones pagadas, aguinaldo y reparto de utilidades.
Fuentes enfatiza que esta situación es insostenible y requiere de una intervención urgente por parte del gobierno para proteger los derechos laborales y mejorar las condiciones de trabajo en el país.
“El gobierno debe actuar para garantizar que los trabajadores, especialmente aquellos en sectores vulnerables como el agropecuario, tengan acceso a empleos dignos, con jornadas razonables y acceso a beneficios básicos como la salud y la seguridad social”, advierte.
Desafíos y soluciones para el futuro
La crisis en el campo mexicano es un reflejo de los desafíos más amplios que enfrenta la economía del país, donde la desigualdad y la precariedad laboral siguen siendo problemas estructurales. Para revertir la tendencia de pérdida de empleos en el sector agropecuario, es necesario implementar políticas que fomenten la inversión en infraestructura rural, promuevan la innovación en técnicas agrícolas y fortalezcan la seguridad social para los trabajadores del campo.
Una de las soluciones propuestas por expertos como Mario Luis Fuentes es la creación de programas de capacitación y apoyo a pequeños agricultores, para que puedan adaptarse a las nuevas condiciones del mercado y mejorar su productividad. Además, es crucial fomentar la diversificación de la economía rural, para que las comunidades no dependan exclusivamente de la agricultura y puedan acceder a nuevas oportunidades económicas.
También es esencial que el gobierno y las empresas trabajen juntos para mejorar las condiciones laborales en los sectores con mayor crecimiento, como los micronegocios y los grandes establecimientos. Esto incluye garantizar que los trabajadores tengan acceso a prestaciones sociales, salarios justos, y condiciones de trabajo seguras.
La crisis en el campo mexicano y su impacto en el empleo rural es un recordatorio de la necesidad de una acción coordinada entre el gobierno, las empresas, y las comunidades para abordar los desafíos estructurales de la economía. Si bien la reducción en el empleo agropecuario es preocupante, también representa una oportunidad para repensar y revitalizar el sector rural, asegurando que los trabajadores del campo puedan acceder a empleos dignos y sostenibles.
