La creciente violencia en Chiapas ha alcanzado un punto crítico, con habitantes de diversas comunidades denunciando en redes sociales la presencia constante de retenes operados por el crimen organizado en las carreteras del estado. A través de plataformas como Facebook, X (anteriormente Twitter) y TikTok, los chiapanecos han compartido sus preocupaciones sobre la inseguridad que domina las principales rutas de la entidad, donde grupos criminales han tomado el control, instalando retenes que ponen en riesgo la seguridad de quienes transitan por estas vías.
En las últimas semanas, se ha documentado un aumento alarmante en la presencia de estos retenes, muchos de los cuales están operados por individuos que visten uniformes falsos de corporaciones policiales o militares. La situación es particularmente grave en las zonas rurales y en los caminos que conectan los municipios de Pantelhó, Amatenango del Valle, El Parral, La Concordia, Ocozocoautla y Villa de Rosas, donde el control de las vías ha sido prácticamente cedido al crimen organizado.
En estos retenes, los conductores y pasajeros son sometidos a interrogatorios, extorsiones y, en algunos casos, a la violencia directa. La amenaza es tan real que muchos habitantes de las comunidades afectadas han dejado de utilizar las carreteras, temerosos de convertirse en víctimas de estos grupos criminales.
La Respuesta de las Autoridades
Ante esta escalada de inseguridad, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, ha sido criticado por su aparente inacción. Durante una reciente conferencia de prensa, Escandón afirmó que el combate a estos grupos es responsabilidad de las autoridades federales, restando importancia a la labor de su administración en la lucha contra el crimen organizado. Esta declaración ha generado una ola de indignación entre los habitantes, quienes sienten que han sido abandonados a su suerte.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Gabriela del Socorro Zepeda Soto, ha permanecido en silencio sobre las denuncias, lo que ha incrementado la percepción de impunidad y desprotección en la región. Este vacío de autoridad ha sido aprovechado por cárteles como el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, que se disputan el control de las rutas de tráfico de drogas y personas en la frontera con Guatemala.
La población ha encontrado en las redes sociales un espacio para denunciar y visibilizar la situación. A través de publicaciones y videos, los usuarios han mostrado la gravedad de la situación en las carreteras chiapanecas. Cuentas como Alerta Chiapas han documentado no solo la presencia de estos retenes, sino también el incremento en la incidencia de accidentes viales, atribuibles en parte al caos generado por la ausencia de autoridad y el exceso de velocidad de quienes intentan escapar de los retenes.
Uno de los casos más compartidos en redes fue el de un automóvil incendiado en una carretera cercana a Ocosingo, donde los ocupantes fueron atacados tras intentar evadir un retén. Estos eventos, que antes podían considerarse aislados, se han convertido en parte del día a día de los habitantes de Chiapas, quienes viven bajo la constante amenaza del crimen organizado.
Impacto en la Economía Local
La inseguridad también ha tenido un impacto devastador en la economía de la región. Aníbal Enrique Núñez, un empresario de la asociación Procentro, denunció que las ventas en su sector han disminuido en un 70%, mientras que la contratación de empleados ha caído más del 50%. “Estamos enfrentando una crisis económica sin precedentes, impulsada por la inseguridad. Los clientes tienen miedo de salir y nuestros negocios están al borde del colapso”, afirmó Núñez.
La incertidumbre ha llevado a muchos empresarios a considerar cerrar sus negocios o reducir sus operaciones, afectando aún más a la economía local que ya se encontraba en una situación precaria debido a otros factores, como la falta de inversión y el abandono gubernamental.
La Iglesia y los Empresarios Claman por Ayuda
La gravedad de la situación ha motivado a diversos sectores de la sociedad chiapaneca a alzar la voz. Obispos y párrocos de Tapachula, encabezados por el párroco Martín Moreno de la iglesia de San Agustín, han lanzado un exhorto a la comunidad para unirse en oración por la paz y exigir a las autoridades que tomen medidas concretas para restablecer la seguridad en la región. “Los cárteles están utilizando a los habitantes como escudos humanos en sus enfrentamientos, y las autoridades parecen mirar hacia otro lado”, denunció Moreno durante una misa reciente.
El mensaje de la Iglesia ha sido contundente: la violencia y la inseguridad en Chiapas han alcanzado niveles insostenibles, y la indiferencia de las autoridades no puede continuar. En un esfuerzo por visibilizar el problema, la Diócesis de la Sierra Madre ha colocado lonas con símbolos de paz en las fachadas de sus templos, buscando generar conciencia entre la población y presionar al gobierno para que actúe.
Por su parte, la comunidad empresarial ha hecho múltiples llamados a las autoridades para que incrementen su presencia en las carreteras y garanticen la seguridad de los transportistas y comerciantes. Sin embargo, estos llamados han sido, hasta ahora, en gran medida ignorados. “Acabamos de elegir a nuevas autoridades, van a entrar en octubre a hacer su trabajo. Esperamos que estas nuevas autoridades no sean omisas como las que tuvimos en esta pasada administración”, expresó Núñez, en referencia a las elecciones recientes y al cambio de administración que se avecina.
La Crisis Humanitaria en Chiapas
El impacto de la violencia no se limita a la economía y la seguridad vial; también ha generado una crisis humanitaria. Miles de personas han sido desplazadas de sus comunidades, huyendo de la violencia y la extorsión. La situación es particularmente grave en las comunidades indígenas, donde el acceso a recursos y apoyo gubernamental es limitado. En algunos casos, familias enteras han cruzado la frontera hacia Guatemala en busca de refugio, como lo confirmó recientemente el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, quien informó que más de 800 chiapanecos han solicitado asilo en su país.
Este éxodo masivo es un testimonio del fracaso de las autoridades en proteger a sus ciudadanos. La falta de intervención efectiva por parte del gobierno ha dejado a las comunidades más vulnerables a merced del crimen organizado, generando una situación de desesperanza y miedo.
Un Futuro Incierto
Mientras Chiapas se enfrenta a esta crisis de inseguridad, la población sigue esperando una respuesta clara y contundente por parte de las autoridades. Con el cambio de gobierno a nivel estatal y federal previsto para octubre, la esperanza de muchos chiapanecos es que las nuevas administraciones tomen medidas inmediatas para enfrentar la violencia y restaurar el orden en la región.
El futuro de Chiapas, un estado rico en cultura y recursos, pero golpeado por la violencia, dependerá en gran medida de la capacidad del nuevo gobierno para enfrentar el desafío del crimen organizado y restablecer la confianza en las instituciones. Por ahora, los habitantes de Chiapas continúan viviendo bajo la sombra del miedo, mientras las carreteras, que deberían ser vías de desarrollo y conexión, se han convertido en rutas de peligro e incertidumbre.
La demanda de los chiapanecos es clara: seguridad, justicia y paz. Pero, hasta que estas demandas no sean atendidas, la crisis en Chiapas seguirá siendo un reflejo de las fallas en la estrategia de seguridad del país.
