El Congreso de la Ciudad de México recibió una importante iniciativa de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentada por el secretario de gobierno César Cravioto. La propuesta busca reformar el código penal local para clasificar la extorsión como un delito grave, con el objetivo de mejorar la respuesta judicial ante este crimen que afecta a miles de ciudadanos.
Cravioto explicó que una de las principales modificaciones será la eliminación de la posibilidad de que los delincuentes que cometen extorsión puedan obtener fianza. Antes, los presuntos extorsionadores eran detenidos, pero en poco tiempo quedaban en libertad, con esta reforma, se busca que aquellos acusados de extorsionar no puedan salir fácilmente bajo fianza, asegurando que enfrenten consecuencias más severas por sus delitos.
El funcionario también subrayó que la tentativa de extorsión será castigada de igual manera que la extorsión consumada, lo cual es un cambio crucial, ya que anteriormente solo se podía procesar a los delincuentes si se les sorprendía infraganti. Además, destacó que la extorsión será perseguida de oficio, lo que significa que si las autoridades reciben una denuncia, como una llamada telefónica denunciando este crimen, automáticamente se deberá investigar y proceder con la denuncia.
Durante la entrega de la iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México, Cravioto estuvo acompañado de diputados de todas las bancadas, lo que refleja el interés común en avanzar con esta propuesta. La presidenta de la mesa directiva, Martha Ávila, destacó que la iniciativa busca la construcción de una ciudad más segura y armoniosa para sus habitantes, reforzando el compromiso del gobierno capitalino con la seguridad pública.
Ávila también reconoció la importancia de la propuesta al tratar un tema muy sensible para la ciudadanía, asegurando que esta reforma refleja la voluntad política de la jefa de Gobierno para brindar tranquilidad a las familias de la capital. Se comprometió a seguir de cerca el proceso de análisis y dictaminación, para que se agoten todos los procedimientos parlamentarios.
Esta iniciativa representa un paso importante en el combate a la extorsión, una de las formas de crimen que más afecta la convivencia en la Ciudad de México, y en su implementación, el gobierno busca ofrecer más herramientas para proteger a los ciudadanos y garantizar su seguridad.
