La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un importante paso al admitir la acción de inconstitucionalidad presentada por el partido Movimiento Ciudadano (MC) en contra de la Reforma Judicial aprobada recientemente por el Congreso de la Unión. Esta reforma, que entró en vigor el pasado 16 de septiembre, ha generado un debate significativo en torno a su constitucionalidad, y su análisis por parte de la Corte será un tema clave en los próximos meses.
El expediente de esta acción, clasificado como 167/2024, ha sido turnado al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien será el encargado de evaluar la legalidad de las modificaciones propuestas en la reforma. Este proceso también involucra otras controversias presentadas por diferentes actores políticos y sociales, lo que refleja la magnitud de la controversia que rodea esta reforma judicial.
¿Qué es la acción de inconstitucionalidad?
Una acción de inconstitucionalidad es un recurso legal que permite a los partidos políticos, legisladores y otros actores impugnar leyes o reformas que consideren contrarias a la Constitución. En este caso, Movimiento Ciudadano ha argumentado que algunos aspectos de la reforma judicial violan los principios establecidos en la Carta Magna, y por ello busca que la SCJN los declare inválidos.
Entre las principales preocupaciones expresadas por Movimiento Ciudadano y otros actores, destacan la concentración de poder en ciertos órganos judiciales y posibles limitaciones a la independencia del Poder Judicial. Este tema ha generado un amplio debate, no solo en el ámbito político, sino también en sectores académicos y entre la sociedad civil.
Rol del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá
El ministro González Alcántara Carrancá tiene un papel fundamental en este proceso. Al haber sido designado para llevar el caso, deberá analizar los argumentos presentados por los actores que impugnan la reforma y decidir si se aceptan a trámite las acciones de inconstitucionalidad. Además, en caso de haber sido solicitadas, también deberá evaluar si concede medidas cautelares para suspender temporalmente la aplicación de la reforma mientras se resuelve el fondo del asunto.
González Alcántara Carrancá no es ajeno a casos de gran relevancia. A lo largo de su carrera, ha manejado controversias constitucionales y temas de gran impacto social, lo que lo posiciona como una figura clave en la discusión que se avecina sobre la reforma judicial. Su decisión de acumular los expedientes relacionados con esta reforma busca agilizar el proceso y tener una visión más clara de los argumentos de todas las partes involucradas.
Además de Movimiento Ciudadano, otras fuerzas políticas y organizaciones también han presentado controversias en contra de la reforma judicial. Entre ellos, se encuentran diputados locales de Zacatecas y la organización Unidad Democrática, un partido político del estado de Coahuila. Estos actores también argumentan que la reforma es contraria a los principios constitucionales y buscan detener su implementación.
A nivel nacional, los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) han anunciado que están preparando recursos similares. Aunque aún no se han presentado formalmente, se espera que estas impugnaciones refuercen los argumentos en contra de la reforma y agreguen más presión sobre la SCJN para que actúe con celeridad.
¿Qué dice la reforma judicial?
La reforma judicial aprobada por el Congreso de la Unión plantea una serie de cambios estructurales en el Poder Judicial, con el objetivo declarado de mejorar su eficiencia y combatir la corrupción en el sistema. Sin embargo, los críticos de la reforma señalan que algunos de estos cambios pueden concentrar demasiado poder en ciertos órganos judiciales y limitar la independencia de jueces y magistrados, lo que podría comprometer la imparcialidad de las decisiones judiciales.
Uno de los puntos más polémicos es la creación de nuevas instancias de supervisión que, según los críticos, podrían tener injerencia indebida en el trabajo de los jueces. También se ha señalado que la reforma podría debilitar los controles constitucionales sobre el Poder Judicial, lo que abre la puerta a posibles abusos de poder.
En este contexto, el Partido Movimiento Ciudadano ha sido una de las voces más activas en señalar estos riesgos. Su acción de inconstitucionalidad busca proteger los principios de autonomía judicial y frenar lo que consideran un retroceso en la separación de poderes.
Las reacciones a la admisión de la acción de inconstitucionalidad no se han hecho esperar. En el ámbito político, varios actores han aplaudido la decisión de la SCJN de analizar la constitucionalidad de la reforma, calificándola como un paso crucial para garantizar que los cambios en el sistema judicial respeten los principios establecidos en la Constitución.
Clemente Castañeda, líder de Movimiento Ciudadano, expresó su satisfacción con la admisión del recurso y reiteró la necesidad de un debate abierto sobre las implicaciones de la reforma. “Esta es una batalla por la independencia del Poder Judicial y por la defensa de nuestra Constitución. No podemos permitir que se vulneren los derechos fundamentales que garantizan un sistema judicial imparcial y autónomo”, señaló en declaraciones a los medios.
Por su parte, representantes del PAN y el PRI también se mostraron optimistas con la decisión de la Corte. “Es necesario que todos los partidos trabajemos juntos para evitar que esta reforma concentre poder en unas cuantas manos”, declaró Marko Cortés, líder del PAN.
El proceso judicial que se avecina en torno a la reforma judicial será largo y complejo. La SCJN deberá escuchar los argumentos de todas las partes y tomar una decisión que podría tener un impacto duradero en la estructura del Poder Judicial en México. En las próximas semanas, se espera que el ministro González Alcántara Carrancá resuelva si concede medidas cautelares que puedan suspender temporalmente la implementación de la reforma mientras se analiza su constitucionalidad.
