21 noviembre, 2024

 

En una decisión que marca una nueva etapa en el Poder Judicial de la Federación, al menos 31 magistrados de Circuito y jueces de Distrito han decidido retirarse, optando por no participar en el próximo proceso de elección popular para ocupar los cargos judiciales. Este anuncio llega en un momento crucial para la reforma judicial que plantea la selección de jueces y magistrados por medio del voto popular, una medida que ha generado amplias discusiones en los sectores político y jurídico del país.

Con escritos enviados al Senado de la República y al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), los jueces y magistrados notificaron su decisión de concluir sus carreras en el Poder Judicial. Estos 31 juzgadores optaron por acogerse a la jubilación anticipada o a licencias prejubilatorias, un mecanismo que les permite retirarse sin necesidad de enfrentarse al proceso electoral que se avecina.

 

De acuerdo con información del diario Excélsior, 27 de los retirados son magistrados de Circuito y 4 son jueces de Distrito. Entre los nombres más destacados figuran Irma Rivero Ortiz, Francisco Miguel Padilla Gómez, Manuel Cano Máynez, Sofía Verónica Ávila Díaz y Magdalena Victoria Oliva, esta última habiendo hecho pública su decisión a través de redes sociales, donde expresó su descontento con el proceso de selección.

 

Oliva afirmó: “Decliné para ser considerada en la lista con pase automático para contender por voto en un futuro, ya que no es la ciudadanía la que elige, sino una preselección del Senado y no por exámenes de conocimiento”, lo que refleja la crítica que muchos han dirigido hacia la reforma judicial por el método de selección de los candidatos.

 

Convocatoria y el proceso electoral

El pasado 16 de octubre, el Senado de la República emitió oficialmente la convocatoria para la primera elección popular de jueces y magistrados federales, un proceso sin precedentes en la historia de México. Este llamado abarca 881 cargos, incluyendo ministros de la Suprema Corte, magistrados electorales, magistrados de disciplina, magistrados de Circuito y jueces de Distrito.

 

El proceso electoral, que se celebrará en 2025, ha sido impulsado como parte de la reforma judicial aprobada recientemente, la cual tiene como uno de sus pilares la elección directa de jueces por parte de la ciudadanía. Esta reforma busca democratizar el acceso a los cargos judiciales, otorgando al pueblo el poder de decidir quiénes ocuparán estos puestos clave en el sistema de justicia del país.

 

Sin embargo, la reforma ha generado resistencias, dentro del propio Poder Judicial como entre los expertos en derecho. Uno de los principales puntos de discordia ha sido el llamado “pase automático”, que permitiría a los jueces y magistrados en funciones conservar sus cargos si logran ganar las elecciones.

 

Críticas al proceso de selección

El retiro anticipado de estos 31 jueces y magistrados pone en evidencia el descontento con el nuevo sistema de elección. La magistrada Magdalena Victoria Oliva criticó que el proceso no se basa en exámenes de conocimiento, sino en una preselección realizada por el Senado, lo que en su opinión, politiza la elección de los juzgadores.

 

Además, la reforma establece que la elección popular de los jueces será supervisada por Comités de Evaluación conformados por cinco personas de cada uno de los tres poderes de la Unión: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Estos comités serán responsables de revisar los expedientes de los aspirantes y seleccionar a los candidatos mejor evaluados.

 

El Senado también recibió cartas de algunos de los magistrados y jueces que indicaron que, aunque sus jubilaciones estaban previstas para años posteriores, decidieron adelantar su retiro para evitar el proceso electoral, lo que refleja una profunda preocupación sobre los cambios en la dinámica del Poder Judicial.

Cambio histórico en el Poder Judicial

Para muchos, la reforma simboliza un intento por democratizar y hacer más transparente el proceso de selección de jueces y magistrados, mientras que otros consideran que la medida pone en riesgo la independencia judicial.

 

La convocatoria de elecciones para 2025 marca un antes y un después en la historia del país. Con el retiro de un grupo significativo de jueces experimentados, el Poder Judicial se enfrentará a una nueva generación de aspirantes que buscarán legitimar su posición a través del voto popular.