El Senado de la República fue convocado para sesión este viernes 13 de septiembre, donde finalmente se consumará un paso clave en la historia política de México. La validez constitucional de la Reforma Judicial promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras recibir el respaldo de 23 congresos locales al momento, por lo que la reforma que ha sido objeto de intensos debates y divisiones, ya es un hecho.
Sesión citada para las 14:00 hrs, donde se darán cita el pleno de los legisladores de Morena y aliados, en tanto que los partidos de oposición (PAN, PRI y Movimiento Ciudadano), adelantaron que no asistirán a dicha sesión.
Con una votación que reunió a los congresos de estados como Oaxaca, Veracruz, Quintana Roo y Baja California, la reforma fue avalada por una amplia mayoría, permitiendo que las modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia sean promulgadas oficialmente. No obstante, la jornada no estuvo exenta de críticas, protestas.
Respaldo en los congresos estatales
A las 01:40 horas de este jueves, la reforma alcanzó el voto 17 necesario para ser aprobada, conforme a lo dispuesto en el artículo 135 de la Constitución. El Senado de la República fue recibiendo los votos aprobatorios de los congresos estatales, completando así el proceso legislativo. Entre los estados que respaldaron la reforma se encuentran Oaxaca, Tabasco, Quintana Roo, Veracruz, Baja California Sur, y Yucatán. A lo largo del día, más entidades como la Ciudad de México, Estado de México, y Sonora se sumaron al respaldo, cerrando con un total de 21 congresos locales a favor.
Esta avalancha de votos a favor permitió que se convoque a una sesión en la que se declare la validez oficial de la reforma. A partir de ese momento, se ordenará su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación, lo que marcará su entrada en vigor.
Reforma celebrada por el oficialismo y rechazada por la oposición
Mientras los legisladores de Morena y sus aliados celebraban el triunfo de la reforma, la oposición anunció que no asistirá a la ceremonia, argumentando que se trataba de la “fiesta del régimen”. Guadalupe Murguía, coordinadora de los senadores del PAN, calificó la reforma como “espuria” y denunció que el proceso para su aprobación estuvo marcado por “extorsión, amenazas, sobornos y compra de votos”.
En la misma línea, el senador del PRI, Manuel Añorve, expresó su descontento con lo que consideró “una violación al proceso legislativo”. El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, fue aún más directo, señalando que la ceremonia de validación era “la consumación del atraco a la nación”. Los tres líderes coincidieron en que la reforma se logró a través de un proceso poco transparente, que minimizó el debate en los congresos locales y no escuchó a las voces disidentes.
Debate en la CDMX: Tensiones y protestas
La Ciudad de México, siendo uno de los congresos locales que aprobó la reforma, vivió un intenso debate de casi cuatro horas antes de que se votara a favor de la modificación constitucional. Con 46 votos a favor y 20 en contra, la capital mexicana se sumó a la lista de estados que dieron su respaldo a la reforma. Las bancadas de Morena, PT, Partido Verde Ecologista de México y algunos miembros del PRD fueron los que inclinaron la balanza a favor de la medida.
El diputado del PAN, Ricardo Rubio, lideró la oposición en el Congreso de la Ciudad de México, criticando duramente la reforma y señalando que “esto es la captura del Poder Judicial por parte del Ejecutivo”. Rubio, junto a otros legisladores de su bancada, vistió camisetas con las frases “Sin justicia no hay futuro” y “Soy Resistencia”, en un intento de simbolizar su rechazo a las modificaciones propuestas.
El debate en la CDMX incluyó referencias a casos internacionales, como el de Bolivia, donde la elección popular de jueces resultó en un fracaso, según Rubio. “En Bolivia, el voto nulo fue el gran ganador. Eso es lo que va a pasar aquí”, sentenció el diputado.
Por su parte, Valentina Batres, diputada de Morena, argumentó que la reforma era un mandato del pueblo: “Es la respuesta que un pueblo ha exigido durante muchos años para ponerle fin a la injusticia, a la corrupción, a la impunidad”. Estas palabras reflejan el sentir del oficialismo, que defiende la reforma como un avance hacia la democratización del sistema judicial.
Postura de López Obrador: ¿un 15 de septiembre histórico?
En la antesala del 15 de septiembre, fecha en la que se conmemora la independencia de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió que sería simbólico que la reforma se publicara ese día, como un gesto hacia la “auténtica democracia” que según él, se vive en el país. “Esta reforma es la reafirmación de que en México el pueblo es quien elige a sus representantes y a los servidores públicos de los tres poderes”, expresó el mandatario.
López Obrador ha defendido la reforma con fuerza, afirmando que no existe fundamento legal alguno para invalidarla. Sin embargo, no descartó que sectores conservadores busquen frenarla a través de recursos legales. Ante esto, el presidente lanzó un mensaje a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instándolos a evitar “caminar en terreno pantanoso”.
El presidente también destacó que los cambios no significan el fin de la carrera judicial, ni abren la puerta para que cualquier persona acceda a puestos de juez o magistrado. Al final del proceso, serán los ciudadanos quienes elijan a los juzgadores, una característica que López Obrador considera clave en la democratización del poder judicial.
Protestas en las calles: una señal de división
Mientras en el Congreso de la Ciudad de México se debatía la reforma, en las calles, trabajadores del Poder Judicial se manifestaron en contra de la medida. La marcha comenzó en Ciudad Judicial y avanzó por varias avenidas principales, pidiendo a los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia Federal unirse a su causa.
Aunque intentaron llegar al Congreso local, un operativo de seguridad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana les impidió el acceso. No obstante, los manifestantes hicieron oír su voz, exigiendo que los congresos estatales reflexionen sobre las consecuencias de la reforma. “Les pedimos a las entidades federativas que piensen en el bien del pueblo”, fue una de las consignas más repetidas por los manifestantes.
A medida que se acerque el 15 de septiembre, la atención estará puesta en la publicación de esta reforma y las posibles respuestas de la oposició y la Suprema Corte, por lo que es evidente que el debate seguirá.
