En un día histórico para la Ciudad de México, el Congreso Local aprobó la reforma que marca un antes y un después en la lucha contra la impunidad en delitos sexuales cometidos contra menores. Con 47 votos a favor, esta medida busca asegurar que los crímenes como la violación, el abuso y la explotación sexual no queden sin castigo por el simple paso del tiempo.
En 2021 se registraron 22 mil 410 víctimas de violencia sexual infantil en México, de acuerdo con datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, sin registrar aquellos que no se denuncian.
Durante la sesión extraordinaria, se aprobaron modificaciones al Código Penal local, extendiendo la posibilidad de denunciar delitos sexuales contra menores hasta que la víctima cumpla 30 años, eliminando la anterior limitación que prescribía a los 18 años. Los delitos que entran en esta categoría incluyen violación, abuso sexual, acoso sexual, incesto, entre otros.
El diputado Octavio Rivero, al presentar el dictamen, enfatizó la importancia de esta medida para proteger a las víctimas que, por miedo o manipulación, no se atreven a denunciar inmediatamente. “Es crucial entender que el silencio no significa consentimiento ni olvido, y con esta ley, aseguramos que la justicia pueda ser accesible en cualquier momento de sus vidas”, afirmó Rivero.
Por su parte, la diputada Polimnia Romana resaltó la retroactividad de la ley, un aspecto fundamental que permite que casos no denunciados en el pasado puedan ser llevados ante la justicia. “Este es un paso adelante para garantizar que no haya un reloj corriendo contra la justicia”, señaló Romana.
Guadalupe Morales de Morena, principal promotora de la iniciativa, expresó su satisfacción por la aprobación del dictamen. “Hoy demostramos que nuestro compromiso con los derechos de los niños y adolescentes es firme y que no daremos espacio a la impunidad”, declaró emocionada tras la votación.
La reforma también recibió apoyo de diversas bancadas y fue aplaudida por grupos de defensa de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales que han luchado por años para fortalecer las leyes en favor de las víctimas de abuso sexual.
Esta reforma no solo cambia el marco legal sino que también envía un mensaje poderoso a los perpetradores de que el crimen no tiene fecha de caducidad para ser juzgado. Además, refuerza el marco de protección y apoyo a las víctimas, ofreciéndoles más tiempo para superar el trauma antes de enfrentar el proceso judicial.
En términos legales, el cambio en la prescripción exige una adaptación en los procesos judiciales y en la recolección de evidencia, lo que podría requerir más recursos y capacitación para los encargados de aplicar la ley. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en coordinación con expertos en derechos de la infancia, ya está trabajando en adaptar sus protocolos para alinearse con la nueva legislación.
Mientras esta reforma representa un avance significativo, los legisladores y activistas enfatizan que aún queda mucho por hacer en la prevención y educación sobre el abuso sexual infantil. La sociedad, educadores y autoridades deben trabajar juntos para crear un entorno seguro que prevenga estos delitos y proteja a los más vulnerables.
Con este paso audaz, la Ciudad de México se coloca a la vanguardia en la protección de los derechos de los menores, asegurando que la justicia y el acceso a ella no sean obstaculizados por el tiempo. Este es un momento de cambio, un llamado a la acción colectiva y una promesa de que la justicia para los niños y adolescentes es ahora una prioridad inquebrantable.
