El Congreso de la Ciudad de México ha propuesto una iniciativa clave para garantizar la seguridad y los derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQ+ en la capital. Esta propuesta, impulsada por la diputada Rebeca Peralta, sugiere la construcción de “Casas Arcoíris” en cada una de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Estos espacios se convertirían en refugios seguros para personas que han sido víctimas de agresión, discriminación o expulsión familiar debido a su orientación sexual o identidad de género.
Las Casas Arcoíris ofrecerían no solo un lugar seguro, sino también servicios de atención médica, apoyo psicológico y asesoría jurídica. Peralta, quien también es Vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso capitalino, subrayó la importancia de implementar políticas públicas que protejan los derechos de todas las personas, comprometiéndose a vigilar que las alcaldías asignen recursos en su presupuesto de egresos para el Ejercicio Fiscal 2025 y lleven a cabo la construcción y operación de estas casas.
Actualmente, ya operan dos Casas Arcoíris en las alcaldías Venustiano Carranza e Iztacalco, lo que demuestra el esfuerzo en marcha para fortalecer la red de apoyo a la comunidad LGBTTTIQ. Peralta recordó que este grupo es uno de los más vulnerables en el país, citando cifras alarmantes: más de la mitad ha sufrido agresiones físicas y acoso; 6 de cada 10 han enfrentado discriminación; 1 de cada 3 ha sido expulsado de su hogar por familiares, y el 60% ha tenido pensamientos suicidas debido a problemas familiares y de pareja.
Kenya Cuevas, activista y presidenta de la asociación Casa de las Muñecas Tiresias, ha dedicado los últimos años a recuperar los cuerpos de personas LGBTTTIQ+ sin identificar. Hasta la fecha, ha recuperado 69 cuerpos de personas fallecidas en situación de calle o por crímenes de odio en el Instituto de Ciencias Forenses (Incifo). Esta labor comenzó tras el asesinato de su amiga Paola Buenrostro en 2018 y resultó en la creación de la Ley Paola Buenrostro, publicada en agosto de 2023, que establece hasta 70 años de cárcel para quienes cometan transfeminicidio.
