El Congreso de la Ciudad de México aprobó recientemente una reforma a la Ley de Protección y Bienestar de los Animales que permitirá a personas físicas que operan refugios independientes acceder a incentivos económicos del gobierno local. Anteriormente, estos beneficios estaban reservados exclusivamente para personas morales, es decir, organizaciones formalmente constituidas.
Con esta modificación, ahora cualquier ciudadano que mantenga un refugio animal podrá recibir estímulos fiscales, financieros y administrativos, con el objeto de apoyar sus esfuerzos en el rescate y cuidado de animales en situación de calle o maltrato. Según el diputado Javier Ramos Franco del PVEM, presidente de la Comisión de Bienestar Animal, la reforma busca reconocer y facilitar la labor de aquellos que individualmente contribuyen al bienestar animal en la metrópoli.
La reforma agrega un nuevo artículo a la ley, el cual estipula que la jefatura de Gobierno emitirá los instrumentos económicos necesarios para promover la protección y bienestar animal. Esto incluye la mejora de las condiciones para realizar actividades de educación, investigación y difusión en la materia.
Esta medida es una respuesta a la creciente necesidad de apoyo en la capital, donde datos de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), cada año 18 mil perros son abandonados en las calles. Además, se estima que el 70% de los hogares en México cuentan con al menos una mascota, lo que subraya la importancia de políticas eficaces de protección animal.
El dictamen se aprobó por una mayoría abrumadora, con 37 votos a favor, ninguno en contra y una abstención, y se espera su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en los próximos días.
En un esfuerzo relacionado, el Congreso también discutió una modificación para cambiar la denominación de los zoológicos a “centros de conservación de vida silvestre”, buscando reflejar un enfoque más centrado en la conservación y la educación ambiental, aunque esta propuesta ha generado un debate sobre la efectividad de un cambio de nombre sin una inversión significativa en mejoras sustantivas.
