El Congreso de la Ciudad de México aprobó dos importantes reformas que marcan un paso crucial en la agenda legislativa local. Por un lado, se avaló la minuta enviada por el Senado que oficializa el traspaso de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), mientras que también se aprobó, por unanimidad, la reforma en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.
En una votación que generó intenso debate, la reforma sobre la Guardia Nacional fue aprobada con 43 votos a favor y 19 en contra. La discusión, que duró casi tres horas, estuvo marcada por la oposición del PAN y PRI, cuyos legisladores mostraron su rechazo vistiendo camisetas negras con la leyenda #SoyResistencia. A pesar de las críticas que señalan una posible militarización de la Guardia Nacional, la mayoría de Morena, encabezada por su coordinadora Xóchitl Bravo, argumentó que esta medida es fundamental para garantizar la seguridad y la paz en el país.
Bravo destacó que, aunque la Guardia Nacional estará adscrita a la Sedena, su control civil seguirá protegido por la Constitución federal, lo que evitará cualquier abuso de poder. Además, mencionó que varias entidades gobernadas por el PAN y PRI han solicitado la presencia de la Guardia Nacional en sus territorios para frenar la creciente ola de violencia.
Por otro lado, el Congreso de la CDMX también aprobó por unanimidad, con 54 votos a favor, la reforma en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, previamente avalada por el Congreso de la Unión. Esta reforma reconoce y protege la identidad cultural y los derechos de estos grupos, asegurando que sus sistemas normativos sean respetados, siempre bajo el marco de los derechos humanos y las garantías individuales.
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Martha Ávila, subrayó que esta reforma contribuye a preservar la cultura y la colectividad de las comunidades indígenas y afromexicanas, asegurando su inclusión como sujetos de derecho público. Asimismo, hizo hincapié en que esta medida busca proteger la dignidad e integridad de las mujeres en estas comunidades.
Ambas reformas, aunque diferentes en su naturaleza, marcan un avance significativo en el marco legislativo de la Ciudad de México, abordando temas clave en la agenda nacional como la seguridad y los derechos de los pueblos originarios.
