El Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma histórica que permitirá a los capitalinos elegir al 30% de jueces y magistrados mediante voto popular. Con 49 votos a favor y 15 en contra, esta iniciativa modifica la Constitución local y establece que el Instituto Electoral de la Ciudad de México será el encargado de organizar estos procesos.
Además, se avaló una reforma al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, con 48 votos a favor y 14 en contra, lo que refuerza el marco legal para implementar esta medida sin precedentes.
La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, Daniela Álvarez, del PAN, destacó en tribuna que, aunque no comparte el fondo de la reforma, se trabajó para darle una base legal sólida: “Lo que hoy aprobamos significa que no tendrán justificación para sus fallas ni para sus excesos”.
Sin embargo, esta reforma no estuvo exenta de críticas. El diputado panista Diego Garrido señaló que los jueces no deben someterse a procesos electorales porque: “Deben seguir la voluntad de la ley, no de una mayoría o minoría”.
Por su parte, Royfid Torres, de Movimiento Ciudadano, expresó que la medida no solucionará los problemas estructurales de la justicia mexicana, dominada por la corrupción en policías, ministerios públicos, fiscalías y juzgados.
En contraste, Morena defendió la iniciativa como una herramienta para fortalecer la democracia. Alberto Martínez Urincho, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, afirmó que esta reforma garantizará contrapesos entre los poderes y permitirá una mayor transparencia en el sistema judicial.
La medida llega en un contexto de desconfianza hacia las instituciones de justicia, marcando un cambio significativo en el sistema judicial de la capital mexicana. Aunque la implementación presenta retos, se vislumbra como una oportunidad para acercar la justicia a los ciudadanos y fomentar su participación activa en las decisiones públicas.
Este proceso abre un nuevo capítulo en la historia democrática y judicial de México, con implicaciones que podrían resonar a nivel nacional en los próximos años.
