El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ha lanzado una alarma en su más reciente informe, revelando que el número de mexicanos sin acceso a servicios de salud básicos casi se ha triplicado en el último año, pasando de 20.1 millones en 2021 a 50.4 millones en 2022. Este incremento, que representa el 39% de la población, pone en evidencia las crecientes dificultades que enfrenta el sistema de salud en México y la urgente necesidad de reformas estructurales.
El aumento en la cantidad de personas sin acceso a servicios médicos adecuados subraya una crisis en la salud pública que se ha visto exacerbada por diversos factores, incluyendo la pandemia de COVID-19, problemas estructurales en la provisión de servicios, y cambios en la política de salud que han afectado la eficiencia y accesibilidad del sistema.
La seguridad social, que es fundamental para garantizar el acceso a la salud, también muestra cifras desalentadoras, con 64.7 millones de mexicanos afectados por la falta de cobertura. Este dato refleja no solo un problema de salud, sino también de inequidad social y económica, dado que la seguridad social incluye beneficios como pensiones, seguros de desempleo y acceso a servicios de salud que son cruciales para el bienestar de la población.
El informe del Coneval también destaca las disparidades significativas en la afiliación a diferentes instituciones de salud. Mientras que un 38.3% de las personas están afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), solo un 13.1% tiene acceso a los servicios del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), la entidad diseñada para proporcionar atención a aquellos sin seguridad social formal. Estas cifras no solo indican diferencias en la calidad y alcance de los servicios ofrecidos por estas instituciones, sino también la necesidad de una estrategia más integrada que pueda garantizar la cobertura universal.
Frente a este escenario, el gobierno mexicano anunció que el presupuesto de 2025 priorizará el gasto social y obras públicas, con un enfoque particular en mejorar la infraestructura de salud. Sin embargo, expertos y activistas advierten que sin una reforma profunda que aborde las raíces del problema, como la desigualdad en el acceso y la falta de inversión en recursos humanos y técnicos en el sector salud, será difícil revertir esta tendencia.
El informe también resalta la importancia de la participación comunitaria en el diseño e implementación de políticas de salud. Esta estrategia busca no solo mejorar la eficacia de los programas sino también asegurar que las políticas públicas reflejen las necesidades y prioridades reales de las comunidades afectadas.
