El proceso de selección para jueces, magistrados y ministros en México avanza en un contexto de alta expectativa, pero también de preocupaciones por la falta de transparencia en algunos de los comités involucrados. Con más de 2,700 aspirantes registrados al 15 de noviembre, la competencia por ocupar una de las 881 plazas disponibles se intensifica, mientras los comités de evaluación enfrentan críticas por su manejo de la información.
Opacidad en Congreso de la Unión
El Comité de Evaluación del Poder Legislativo ha recibido hasta ahora 2,740 solicitudes para las plazas disponibles, con un promedio de 1.5 aspirantes por cargo, pero no se han publicado los nombres de los participantes ni se ha especificado a qué cargos aplican. Este secretismo contrasta con las promesas iniciales de transparencia hechas por los presidentes del Senado, Gerardo Fernández, y de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez. Aunque se han comprometido a garantizar un proceso claro, hasta el momento no hay un desglose detallado de las inscripciones.
De manera extraoficial, los integrantes del comité aseguran que esta clasificación está en proceso, sin embargo, la falta de un informe oficial genera incertidumbre y dudas sobre si las plazas más demandadas podrán cubrirse completamente.
Poder Judicial cumple en contraste
A diferencia del Legislativo, el Poder Judicial ha mostrado un mayor grado de transparencia. Hasta ahora, se han registrado 134 aspirantes, de los cuales 86 buscan ser jueces de distrito, 37 magistrados de circuito, siete ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y cuatro en otras áreas como el Tribunal Electoral y el Tribunal de Disciplina Judicial.
El reporte diario de este comité es accesible al público, lo que permite un monitoreo constante del avance del proceso, pero con más de 1,700 plazas por cubrir, el número de aspirantes sigue siendo bajo, lo que plantea preguntas sobre la capacidad del Poder Judicial para alcanzar sus metas.
Poder Ejecutivo el más opaco
El caso del Poder Ejecutivo es aún más preocupante porque no hay información pública disponible sobre el avance en los registros de aspirantes. Ni la Presidencia de la República ni la Secretaría de Gobernación han habilitado espacios para actualizar sobre este proceso, lo que alimenta críticas sobre la falta de apertura.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, informó a través de la red social X que el Legislativo ha recibido más de 2,378 registros. En sus palabras, “aún estás a tiempo de participar; el plazo cierra el 24 de noviembre”. Aunque el mensaje busca incentivar más inscripciones, no se aborda la falta de claridad sobre los detalles del proceso.
Por su parte, la presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto, enfatizó que la continuidad del proceso electoral para los juzgadores está garantizada. Durante una sesión reciente, el TEPJF decidió que los amparos no pueden interferir con el procedimiento electoral, asegurando que ninguna autoridad puede limitar o suspender las etapas del proceso.
El magistrado Felipe Fuentes Barrera respaldó esta decisión, destacando que la organización del proceso debe realizarse sin obstáculos. “Es nuestra responsabilidad garantizar certeza jurídica a todas las autoridades involucradas”, señaló.
La reforma constitucional al Poder Judicial establece que cada uno de los tres poderes debe presentar 1,793 candidatos para un total de 5,379 aspirantes, sin embargo, la baja inscripción en algunos comités y la falta de transparencia en otros dificultan un análisis completo sobre el estado del proceso.
El camino hacia junio de 2025, cuando se elegirán a los nuevos juzgadores, está lleno de retos. La presión por cumplir con la normativa constitucional y las expectativas de un proceso justo y transparente recaen sobre los comités evaluadores.
La opacidad en el Ejecutivo y Legislativo contrasta con el esfuerzo del Judicial por mantener un proceso accesible al público. A medida que se acerca el cierre de inscripciones, el escrutinio público sobre el manejo de la información y la imparcialidad del proceso seguramente aumentará.
