En una sesión extraordinaria realizada este 8 de octubre, las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos del Senado aprobaron las leyes reglamentarias que darán forma a la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación, programada para el 2025.
Las leyes reglamentarias son el paso final para implementar la reforma judicial que se aprobó previamente, y que tiene como objetivo democratizar la elección de los representantes del Poder Judicial mediante el voto directo de los ciudadanos. Las iniciativas fueron presentadas apenas un día antes, el lunes 7 de octubre, por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy.
Con estas normativas, se establecerán las reglas para la elección de nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados del Tribunal Electoral y del Tribunal de Disciplina Judicial, así como jueces de distrito y magistrados de los Tribunales Colegiados de Apelación y Circuito. El 8 de junio de 2025 será el día en que los ciudadanos acudan a las urnas para elegir a los nuevos integrantes del Poder Judicial.
Proceso legislativo: Voto polarizado
La votación en las comisiones fue claramente dividida. En la Comisión de Gobernación, el bloque oficialista de Morena y sus aliados aprobaron las leyes con 9 votos a favor y 2 en contra de la oposición. En la Comisión de Estudios Legislativos, la votación fue de 13 a favor y 4 en contra. Esta aprobación fue considerada un avance importante para el gobierno, pero la oposición denunció irregularidades en el proceso y acusó a Morena de intentar controlar el Poder Judicial.
Uno de los puntos más controvertidos de la reforma es la modificación que otorga a los tres Poderes de la Unión —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— la facultad de vetar los listados de candidatos a jueces y magistrados propuestos por el Comité de Evaluación. Según los críticos, esta facultad podría politizar la selección de los representantes judiciales y comprometer la independencia del Poder Judicial.
Postura de la oposición ante proceso irregular
La oposición, encabezada por el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, participó en la sesión bajo protesta, señalando que existen suspensiones judiciales que deberían haber frenado el procedimiento. Ricardo Anaya, senador del PAN, fue uno de los más críticos, advirtiendo que la reforma en su forma actual otorgará a Morena el control absoluto sobre quiénes aparecerán en las boletas electorales.
“No nos podemos sentir orgullosos de aprobar una reforma donde Morena va a controlar quiénes serán los jueces y magistrados. Ustedes están engañando a la gente, haciéndoles creer que van a poder votar libremente, pero solo los candidatos palomeados por ustedes estarán en la boleta”, declaró Anaya durante la sesión.
Por su parte, la senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, lamentó que el proceso legislativo haya sido tan apresurado. “Se nos prometió tiempo para reflexionar y corregir las omisiones de la reforma, pero este espacio no se ha dado. Estamos legislando de manera precipitada, sin el análisis que una reforma de esta magnitud requiere”, comentó.
A pesar de las críticas, los senadores de Morena defendieron las leyes reglamentarias como una respuesta al mandato popular de democratizar el sistema judicial. Margarita Valdez, presidenta de la Comisión de Gobernación, subrayó que la reforma garantiza los derechos de los candidatos a impugnar en caso de que consideren que se les ha negado injustamente la posibilidad de contender por un puesto judicial.
“No se está violando ningún procedimiento. Las leyes secundarias establecen reglas claras para la elección de jueces y magistrados, y aseguran que los derechos de los participantes estén protegidos”, afirmó Valdez.
Asimismo, la senadora morenista Verónica Camino Farjat desestimó las preocupaciones de la oposición, calificando sus objeciones como “chicanadas” que buscan entorpecer el avance de la reforma. “No hay forma de que prospere ninguna suspensión ni acción de inconstitucionalidad. Vamos a seguir adelante, y solo las impugnaciones justificadas podrán prosperar”, remarcó Camino Farjat.
Debate sobre el veto de los poderes de la Unión
Uno de los puntos más debatidos fue la modificación al artículo 500 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que otorga a los tres Poderes de la Unión la facultad de vetar los listados de candidatos a jueces y magistrados. Este cambio, impulsado por el senador de Morena Manuel Huerta Ladrón de Guevara, fue defendido como un mecanismo para garantizar la calidad y transparencia en la elección de los jueces.
“Los poderes de la Unión determinarán en primer término su conformidad total o parcial con los listados de candidatos, y si rechazan la totalidad del listado, el Comité de Evaluación deberá presentar uno nuevo”, explicó Huerta.
Sin embargo, Ricardo Anaya advirtió que esta modificación contradice el texto constitucional, que establece que los Comités de Evaluación deben seleccionar a los candidatos de manera independiente. “Cuiden su propia reforma, porque esto será declarado inconstitucional. Están aprobando una ley secundaria que contradice la Constitución. Morena tendrá control total sobre el Poder Judicial”, sentenció el senador panista.
El dictamen aprobado en las comisiones fue enviado a la Mesa Directiva del Senado para que sea presentado ante el Pleno en la sesión del miércoles 9 de octubre. Se espera que Morena y sus aliados aprueben la iniciativa sin modificaciones, a pesar de la resistencia de la oposición.
El calendario de la reforma judicial prevé que el 16 de octubre se emita la convocatoria para la elección de los representantes del Poder Judicial, y que en noviembre se publiquen los listados de los aspirantes. Finalmente, la elección se realizará el 8 de junio de 2025, cuando los ciudadanos podrán votar por primera vez a sus jueces y magistrados.
