30 junio, 2024

A solo unos días de las elecciones del 2 de junio de 2024, la situación en Oaxaca se complica. Los miembros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han intensificado sus protestas, impactando directamente la logística electoral.

 

En una movilización sin precedentes, han tomado control de más de 400 escuelas en las ocho regiones del estado, impidiendo la instalación de casillas electorales en estos lugares tradicionalmente utilizados para la votación.

 

El cierre de las instalaciones educativas es parte de una serie de acciones que incluyen el bloqueo del edificio de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Oaxaca. Esta serie de protestas, que ya alcanza su tercera semana, responde a lo que la CNTE considera respuestas insuficientes a sus demandas en las negociaciones tanto a nivel estatal como nacional.

 

Guadalupe Taddei, presidenta consejera del INE, en un esfuerzo por mantener el proceso electoral en curso, aseguró en una entrevista con Ciro Gómez Leyva que se están buscando alternativas para garantizar que las elecciones se lleven a cabo sin contratiempos.

 

“Estamos trabajando para ofrecer todas las facilidades y asegurar que la organización del proceso electoral no se vea afectada”, afirmó Taddei. Además, señaló que se está considerando la posibilidad de establecer sedes alternas para la instalación de las casillas en Oaxaca, buscando garantizar el derecho de los ciudadanos a votar.

 

Este conflicto surge en un contexto más amplio de inseguridad y tensiones sociales que afectan a varias partes del país. La Comisión de Capacitación y Organización Electoral del INE informó que debido a razones de inseguridad y otros conflictos sociales, un total de 104 casillas en ocho estados no podrán instalarse; de éstas, 88 se encuentran en Michoacán, además de los cinco sitios en Oaxaca, tres en Colima, dos en Tlaxcala y tres en Nuevo León.

 

El escenario en Oaxaca es particularmente crítico, ya que no solo enfrenta desafíos logísticos por la toma de escuelas, sino también el profundo descontento social que subyace a las demandas de la CNTE. Estas demandas, que aún no han sido completamente atendidas, reflejan una larga historia de luchas laborales y educativas en la región.

 

A medida que se acercan las elecciones, la tensión entre los maestros organizados y las autoridades electorales subraya la complejidad de garantizar procesos democráticos en regiones donde los conflictos sociales y la inseguridad presentan desafíos significativos. El INE, por su parte, se mantiene firme en su compromiso de llevar a cabo las elecciones, adaptándose a las circunstancias con la esperanza de preservar la integridad del voto.

 

La situación en Oaxaca es un recordatorio crítico de cómo las tensiones laborales y políticas pueden influir directamente en la práctica democrática. Este año electoral no solo está poniendo a prueba la capacidad del INE para administrar elecciones en condiciones adversas, sino también la resiliencia de la democracia mexicana ante los desafíos sociales y políticos.

 

Con la mirada de todo el país puesta en Oaxaca, y mientras las autoridades buscan soluciones para evitar que la tensión escale aún más, la comunidad espera que se encuentren vías de diálogo y acuerdo que permitan a todos los ciudadanos ejercer su derecho al voto en un ambiente de paz y seguridad. La democracia en México enfrenta un momento decisivo y los ojos del mundo están observando cómo se maneja esta compleja intersección de educación, política y derechos civiles.