La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió informe que cuestiona la legitimidad democrática de la reelección de Nicolás Maduro en Venezuela, en un proceso marcado por denuncias de fraude y represión. A un día de la investidura presidencial en Caracas, la CIDH señala que las elecciones carecieron de transparencia y estuvieron acompañadas de prácticas represivas que incluyeron lo que calificaron como “terrorismo de Estado”.
En su informe titulado“Venezuela, graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral” , la CIDH acusa al régimen de Maduro de utilizar tácticas represivas para infundir terror y silenciar voces disidentes. Entre las violaciones señaladas se encuentran:
- Ejecuciones extrajudiciales
- Desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias
- Torturas y cancelaciones de pasaportes
- Restricciones a las libertades judiciales y de expresión
El documento subraya que estas prácticas representan crímenes de lesa humanidad y llama a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) a formalizar una acusación contra el gobierno venezolano.
El líder opositor Edmundo González Urrutia, denunció que su cuñado fue detenido en Caracas por hombres encapuchados. Esta acción, junto con otras medidas represivas, ha llevado a la oposición venezolana a convocar manifestaciones para este jueves, un día antes de la investidura de Maduro.
La CIDH insta a la comunidad internacional a mantenerse alerta ante posibles nuevas escaladas represivas en Venezuela y reitera que la falta de separación de poderes en el país ha perpetuado un estado de impunidad por las graves violaciones documentadas.
Maduro, proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE) sin que se hayan publicado las actas, prevé jurar el cargo este viernes. La CIDH enfatiza que las restricciones a los derechos políticos en el país “impiden considerar que la reelección de Nicolás Maduro goce de legitimidad democrática”.
Venezuela, que dejó de ser miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2019, ha adoptado de forma sistemática las recomendaciones de la CIDH, lo que agrava la situación de los derechos humanos en el país.
