Se ha aprobado un aumento significativo en el presupuesto destinado a las campañas políticas para las elecciones presidenciales de 2024. Aunque la ley establece límites específicos para los gastos de campaña, la disparidad entre las necesidades apremiantes en diversas regiones del país y el aumento en los fondos para fines políticos ha generado un debate sobre las prioridades en el uso de recursos para el bien de la población.
De acuerdo con las recientes decisiones de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE), se han establecido topes específicos para los gastos de campaña. Para la elección presidencial, el tope máximo se ha fijado en 660 millones 978,723 pesos. Este monto es equivalente al 20% del financiamiento público de campaña establecido para todos los partidos en el año de la elección presidencial.
En comparación con las elecciones presidenciales de 2018, este tope representa un aumento del 54%. En aquella ocasión, el límite de gastos de campaña ascendió a 429.2 millones de pesos, pero el reciente aumento, ha provocado críticas y preguntas sobre la justificación detrás de tal incremento, especialmente en un momento en que diversos Estados enfrenta desafíos significativos, como los relacionados con el suministro de agua potable.
Para los candidatos a diputados federales por el principio de mayoría relativa, el tope máximo de gastos es de 2 millones 203,262 pesos, en tanto que para el caso de las fórmulas a senadores de mayoría, los montos autorizados para hacer campaña varían dependiendo del número de distritos que conforman cada entidad federativa, sin pasar de 20.
Para los candidatos presidenciales que busquen el cargo por la vía independiente, se les permite gastar alrededor de 66 millones de pesos, un monto que equivale al 10% del gasto autorizado a los candidatos partidistas.
Recursos que se van en campañas políticas y que podrían destinarse para la atención de problemas en materia de seguridad, salud, educación y suministro de agua entre otros, en beneficio de millones de habitantes de ciudades y comunidades del país.
La ley establece claramente que exceder el tope de gastos de precampaña o campaña constituye una infracción para los precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en tanto que las infracciones de los partidos políticos en materia de topes a los gastos de campaña, serán sancionadas con multas equivalentes al monto ejercido en exceso.
La aprobación de los topes de gastos de campaña en medio de una crisis de desabasto de agua o la violencia que se vive en distintos estados de la República, plantea preguntas sobre las prioridades y los criterios para la asignación de recursos al ámbito político-electoral.
