A medida que el sexenio actual entra en sus etapas finales, la resolución del escándalo de corrupción que rodea a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) permanece incierta. La detención y extradición pendiente de Manuel Lozano Jiménez, ex director comercial de Segalmex, marca un paso crítico en la serie de investigaciones y procedimientos judiciales que buscan abordar los desvíos millonarios en esta entidad clave para la seguridad alimentaria del país.
Manuel Lozano Jiménez fue detenido en Argentina en junio de 2023 y está a la espera de extradición a México para enfrentar cargos por peculado y delincuencia organizada, relacionados con operaciones financieras ilícitas que involucran un presunto desvío de 142 millones de pesos en 2020. Su captura fue posible gracias a una alerta roja de Interpol, que facilitó su detención cuando intentaba ingresar al país sudamericano.
Investigaciones en Curso
Desde su creación en 2019, Segalmex ha estado en el centro de controversias por irregularidades financieras. A la fecha, se han presentado 69 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), implicando a 87 personas —incluidos 41 exservidores públicos y 46 individuos vinculados con empresas. Estas acusaciones están relacionadas con un desfalco calculado en 9,500 millones de pesos, extendiendo las acusaciones desde la gestión de contratos hasta la adquisición y pagos sin soporte documental de insumos básicos como maíz y frijol.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha sido instrumental en el descubrimiento de estas irregularidades. En 2022, Segalmex encabezó la lista de entidades con anomalías financieras, con un monto señalado de 8,636 millones de pesos en irregularidades detectadas en la fiscalización de la Cuenta Pública de 2020. Estas cifras reflejan inconsistencias en los pagos y en la falta de documentación adecuada para justificar numerosas transacciones financieras.
La administración actual, bajo la dirección del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha mostrado un compromiso hacia la resolución de estos problemas, instruyendo a la FGR y a la Secretaría de la Función Pública para “ir a fondo” en las investigaciones. A su vez, la ASF ha presentado múltiples denuncias que abarcan las irregularidades detectadas en las cuentas públicas de 2019 y 2020.
Aunque el gobierno ha tomado medidas firmes para investigar y procesar a los implicados, el volumen y la complejidad de los casos sugieren que una resolución completa podría extenderse más allá del actual sexenio. Las implicaciones de estos desvíos no solo son financieras, sino que también afectan directamente la eficacia de los programas de seguridad alimentaria del país.
El caso Segalmex destaca la necesidad crítica de transparencia y rendición de cuentas en las instituciones gubernamentales encargadas de programas tan esenciales como la seguridad alimentaria. Con la extradición de Manuel Lozano Jiménez en el horizonte y múltiples investigaciones en curso, los próximos pasos serán cruciales para determinar si se puede lograr justicia antes de que finalice el sexenio, sentando un precedente importante para la gobernanza futura en México.
