El Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito ha tomado una decisión crucial en el caso Odebrecht que involucra a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex). La corte desechó de manera definitiva el amparo promovido por Lozoya, que buscaba anular siete testimonios clave de ex directivos de la constructora brasileña Odebrecht y cancelar el proceso en su contra.
Los magistrados Miguel Ángel Medécigo, Ricardo Ojeda y Humberto Manuel Román declararon infundada la queja de Lozoya contra la decisión de la jueza Sandra Leticia Robledo Magaña, que había desechado el amparo en primera instancia. Esta decisión se basa en la importancia de mantener la integridad del juicio contra Lozoya, acusado de recibir sobornos durante su gestión en Pemex.
La resolución del tribunal destaca que los testimonios de los ex directivos brasileños son las únicas pruebas que la Fiscalía General de la República (FGR) puede utilizar en un eventual juicio oral contra Lozoya. Esto es especialmente relevante después de que el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en la Ciudad de México ordenó desechar toda la información bancaria aportada por Brasil y Suiza relacionada con el caso.
A pesar de enfrentar graves acusaciones, Lozoya obtuvo su libertad bajo arresto domiciliario el pasado 20 de febrero, después de más de dos años en el Reclusorio Norte. Su liberación fue posible gracias a una medida de prisión domiciliaria otorgada por un tribunal federal, que consideró que no existía riesgo de fuga, a pesar de su previa detención en España.
Emilio Lozoya enfrenta acusaciones por asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Estos cargos están relacionados con supuestos sobornos de 10.5 millones de dólares recibidos de Odebrecht, además de otros 3 millones de dólares relacionados con la compra a sobreprecio de la planta Agronitrogenados.
La FGR ha expresado su frustración con las decisiones judiciales que han limitado su capacidad para presentar ciertas pruebas, argumentando que estas fueron obtenidas legítimamente a través de tratados internacionales. La dependencia anunció que presentará un recurso de revisión para contrarrestar lo que considera “privilegios procesales totalmente injustos y desproporcionados” otorgados a Lozoya.
El caso Odebrecht no solo es significativo por sus implicaciones legales, sino también por su impacto en la percepción pública de la corrupción en México y las operaciones de empresas internacionales en el país. El proceso judicial contra Lozoya es visto como un barómetro de la efectividad y la independencia del sistema judicial mexicano frente a casos de alta corrupción.
La continuación del juicio contra Emilio Lozoya por el caso Odebrecht subraya la complejidad de manejar litigios internacionales y el desafío de llevar a cabo un proceso judicial equitativo frente a poderosos intereses y figuras políticas. Este caso seguirá siendo un foco de atención para quienes buscan entender y combatir la corrupción en niveles gubernamentales altos.
