La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, en colaboración con el fiscal de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández, y el gobernador del estado, Mauricio Kuri, acordaron construir una “ruta ágil de solución” para salvaguardar los derechos de Esmeralda, una niña de 14 años que sufrió un aborto espontáneo tras ser víctima de abuso sexual y que enfrenta una acusación de homicidio calificado. Este caso ha generado indignación en la opinión pública y ha puesto en el centro del debate la situación de vulnerabilidad de las niñas y adolescentes en procesos penales en México.
El caso de Esmeralda salió a la luz cuando la Fiscalía de Querétaro acusó a la menor, de origen indígena, de homicidio calificado luego de que sufriera un aborto espontáneo tras ser violentada sexualmente. La acusación y el posterior encarcelamiento domiciliario impidiendo su asistencia escolar causaron un rechazo generalizado en organizaciones civiles y colectivos de derechos humanos, que calificaron la acción judicial como una revictimización y un atentado contra los derechos de la niña.
Citlalli Hernández, en seguimiento a la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, estableció una comunicación directa con el gobernador Mauricio Kuri y con la Fiscalía de Querétaro para asegurar una solución rápida y sensible. A través de la red social X, la funcionaria afirmó que “daremos seguimiento puntual para que haya justicia y reiteramos a todas las mujeres de México que no están solas.”
El acuerdo de una “ruta ágil de solución” representa un esfuerzo conjunto para revisar el caso de Esmeralda y asegurar que se atienda con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, y sensibilidad ante la situación de infancia y vulnerabilidad de la adolescente.
Mesa de trabajo para la protección de adolescentes en procesos penales
La reunión entre Citlalli Hernández y el fiscal de Querétaro contó con la participación de diversas figuras clave, como la vicefiscal de Investigación y Persecución del Delito, Margarita Luna Téllez Girón, la directora de Acusación, Gisela Bárcenas Mandujano, y la directora de Derechos Humanos, Rebeca Mendoza Romero. Junto a la perita profesional María Fernanda Rivera Robles, estos funcionarios discutieron la construcción de un acuerdo que formalice el compromiso de las autoridades en la protección de adolescentes en procesos penales.
La Fiscalía de Querétaro emitió un comunicado en el que detalló que la reunión tuvo como objetivo “garantizar, mediante la formalización de un acuerdo, la protección de adolescentes que se encuentran en procesos judiciales.” De acuerdo con la Fiscalía, este acuerdo podría convertirse en un “parteaguas a nivel nacional” al establecer una estructura de justicia que priorice los derechos de las víctimas en situaciones vulnerables como la de Esmeralda.
Reacciones de Organizaciones de Derechos Humanos
El caso ha desencadenado una ola de solidaridad y condena por parte de organizaciones de derechos humanos. La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y otros colectivos, como CreSer para un Desarrollo Integral y Coincidir Mujeres, se han pronunciado en contra de la acusación hacia Esmeralda, resaltando la criminalización de una adolescente que ha sido víctima de abuso. “Este caso es una evidencia alarmante de la revictimización que el Estado puede ejercer sobre niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad,” señalaron en un comunicado.
Los grupos defensores hicieron un llamado al Poder Judicial de Querétaro para que reevalúe el caso con una “perspectiva de infancia y adolescencia y un enfoque de género” y desestime la acusación de homicidio calificado. “Es crucial que el sistema de justicia entienda las implicaciones de tratar a una víctima de abuso y a una menor de edad como culpable,” afirmó la Red.
Citlalli Hernández: “¡No están solas!”
En un mensaje dirigido a las mujeres de México, Citlalli Hernández reiteró que el gobierno no permitirá que ninguna mujer o niña en el país enfrente sola este tipo de situaciones. “Las mujeres y niñas en México no están solas. Nos comprometemos a proteger sus derechos y brindarles una justicia justa y sensible,” afirmó la secretaria. Su mensaje ha sido recibido con apoyo por parte de usuarios en redes sociales y colectivos feministas, quienes han estado atentos a los avances del caso y han expresado su solidaridad con Esmeralda.
Hernández mencionó que la intervención del gobernador Mauricio Kuri ha sido fundamental, ya que el mandatario estatal ha mostrado disposición para “acompañar el caso y asegurar que se respeten los derechos de la menor.”
Víctor Antonio de Jesús Hernández, fiscal de Querétaro, señaló que la firma de un acuerdo es un primer paso para garantizar que los casos de adolescentes involucrados en procesos penales se manejen de manera que se respeten sus derechos. “Buscamos que los procedimientos en casos como el de Esmeralda sirvan como ejemplo de una justicia más humana, que considere no solo la legalidad, sino la integridad y el bienestar de las personas involucradas,” afirmó el fiscal.
De aprobarse la propuesta, el acuerdo podría incluir medidas para proteger a adolescentes en situaciones similares y asegurar que las autoridades y el sistema de justicia operen con sensibilidad y responsabilidad.
Un caso que resalta las carencias en el Sistema Judicial
El proceso judicial que enfrenta Esmeralda ha generado una reflexión más amplia sobre las carencias del sistema judicial en México y la necesidad de mejorar la protección de los derechos de las víctimas en situaciones de vulnerabilidad. La acusación de homicidio calificado en este contexto, según organizaciones civiles, es un claro ejemplo de revictimización, que expone a una menor a un juicio que podría tener repercusiones graves para su bienestar psicológico y emocional.
La Red por los Derechos de la Infancia en México subrayó la necesidad de revisar los casos de violencia institucional que se ejercen contra las adolescentes víctimas de abuso en el país. “No se puede permitir que el sistema de justicia sea un instrumento de revictimización para quienes ya han sufrido violencia y abuso,” comentaron.
¿Qué significa la “Ruta Ágil de Solución” para el futuro?
Este acuerdo y el compromiso mostrado por las autoridades de Querétaro y el gobierno federal abren la puerta a cambios significativos en la manera en que el sistema de justicia aborda casos de menores en conflicto legal. La “ruta ágil de solución” busca no solo resolver el caso de Esmeralda de manera justa, sino también sentar un precedente para la protección de niñas y adolescentes en situaciones similares.
La creación de un protocolo que priorice los derechos de los adolescentes en estos procesos podría evitar futuras revictimizaciones y ayudar a construir un sistema de justicia que esté verdaderamente comprometido con el bienestar de los jóvenes en situaciones de riesgo.
La sociedad mexicana y las organizaciones de derechos humanos seguirán observando este caso, esperando que la “ruta ágil de solución” logre una resolución justa y que Esmeralda reciba el apoyo y la protección que merece. Este caso podría ser el inicio de una reforma en el sistema judicial que establezca una base sólida de protección para las niñas, niños y adolescentes en México, garantizando su bienestar en todas las etapas de un proceso legal.
