El proceso de selección de ministros, magistrados y jueces federales para la elección de junio próximo ha desatado controversia, luego de que 85 aspirantes decidieran inscribirse en las listas de los tres poderes de la Unión: Legislativo, Judicial y Ejecutivo. De esta manera, estos candidatos buscarán aumentar sus probabilidades de ser seleccionados para ocupar un puesto en el Poder Judicial, pues al estar presentes en las tres listas, tienen más oportunidades en la “rifa” de los cargos.
La tercera lista de aspirantes, que se publicó el 16 de diciembre en la madrugada por el Poder Legislativo, estuvo marcada por irregularidades. Primero se divulgó una lista que fue retirada unas horas después, para dar paso a una nueva versión que aún está en revisión. Esto generó confusión, ya que el Poder Legislativo incumplió con el plazo constitucional para publicar oficialmente los nombres de los aspirantes que cumplirían con los requisitos.
Uno de los datos más relevantes es la aparición de 14 aspirantes a la titularidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes figuran en las listas de los tres poderes. Entre estos se encuentran Dora Alicia Martínez Valero, Magda Zulema Mosri Gutiérrez y Jaime Salvador García González. En el caso del Tribunal Electoral, cinco aspirantes se inscribieron en las tres listas, mientras que para los tribunales regionales, hay 18 candidatos que apuestan por estar presentes en las tres opciones.
Patricia Briseño, miembro del comité evaluador del Poder Legislativo, reconoció que hubo irregularidades en el proceso de inscripción, especialmente con los certificados de estudios que no cumplían con los requisitos. Aseguró que el comité tuvo que realizar cálculos manuales en cada uno de los 12 mil expedientes revisados para verificar el cumplimiento del promedio mínimo de 8.0.
En medio de estos enredos, la presidenta Claudia Sheinbaum propuso que se debería evitar que familiares de figuras políticas participen en este proceso, aunque no hay un impedimento legal al respecto.
Con estos retrasos y confusiones, las expectativas de un proceso transparente y eficaz están en duda, y se espera que los comités de los tres poderes trabajen para subsanar los errores y aclarar los nombres de los candidatos que finalmente serán seleccionados para ocupar los cargos en el Poder Judicial.
