La Cámara de Diputados recibió este viernes la minuta con proyecto de decreto para reformar los artículos 105 y 107 de la Constitución, con el propósito de establecer que las modificaciones a la Carta Magna no sean objeto de amparo o controversia constitucional.
La propuesta fue turnada de inmediato a la Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por el diputado Leonel Godoy de Morena, quien convocó a una reunión el domingo 27 de octubre para revisar el proyecto y tener listo un dictamen. La iniciativa podría discutirse en el Pleno la próxima semana, en días como martes o miércoles, según afirmó Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
Monreal subrayó que la discusión será abierta y que no se dispensarán trámites, afirmando que la Cámara buscará un debate amplio para que cada integrante tenga claridad sobre los alcances de la reforma. El proyecto de decreto busca limitar los recursos de amparo y las controversias constitucionales en contra de reformas a la Constitución.
En concreto, se modifica el primer párrafo de la fracción II del artículo 107, estableciendo que “no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución.” Además, en el artículo 105 se adiciona un párrafo para precisar que “son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a la Constitución.”
Antecedentes y argumentos detrás de la reforma
Ricardo Monreal argumentó que el cambio es necesario ante las “extralimitaciones” de algunos órganos del Poder Judicial que según él, han admitido juicios de amparo y otorgado suspensiones definitivas sin tener la facultad para hacerlo en casos que involucran reformas constitucionales. Monreal explicó que el objetivo de esta reforma es dar estabilidad y evitar que el Poder Judicial intervenga en el proceso legislativo de reformas constitucionales, porque podría desequilibrar la convivencia de los órganos de gobierno.
“Cuando en un Estado nacional los órganos de un poder exceden sus atribuciones, como es el caso del Judicial al admitir y resolver amparos contra reformas constitucionales, es momento de que la Constitución ponga un límite a esos excesos. Así evitamos que se rompa la armonía y el equilibrio entre los poderes,” mencionó Monreal en sus declaraciones a los medios.
Monreal también puntualizó que la reforma eleva a rango constitucional una disposición que ya existe en la Ley de Amparo, la cual declara improcedente este juicio contra reformas constitucionales. El líder parlamentario de Morena añadió que esta medida permitirá una interpretación uniforme y evitará que en el futuro se presenten conflictos entre el Legislativo y el Judicial por la revisión de cambios a la Carta Magna.
Opiniones divididas
El proyecto ha generado posturas encontradas en el Congreso. Por un lado, diputados de Morena y sus aliados han defendido la reforma como una medida necesaria para proteger la autonomía y la estabilidad de las reformas constitucionales, limitando la intervención judicial en estos cambios; sin embargo, la oposición, representada principalmente por el PAN y el PRI, ha criticado duramente la propuesta, argumentando que atenta contra los derechos de los ciudadanos al limitar su capacidad de recurrir al Poder Judicial ante reformas que puedan afectar sus derechos fundamentales.
El diputado del PAN, Ricardo Anaya, advirtió que con esta reforma los ciudadanos podrían quedar desprotegidos al no tener un recurso legal para impugnar reformas constitucionales. “Esta medida busca debilitar el acceso a la justicia y los contrapesos que existen en el sistema democrático,” sostuvo Anaya, al tiempo que reprochó a Morena el querer reducir la capacidad del Poder Judicial para intervenir en asuntos constitucionales.
Por su parte, Marko Cortés, también del PAN, expresó que este cambio podría abrir la puerta para abusos del poder. “Al quitar a los ciudadanos el derecho a ampararse contra reformas constitucionales, se deja en manos de una sola mayoría la capacidad de modificar el marco legal sin la posibilidad de que la sociedad lo cuestione o detenga,” advirtió Cortés, quien además mencionó que el PAN se mantendrá firme en su oposición a esta reforma en el Pleno.
Nuevas leyes reglamentarias en camino
En paralelo, Monreal también adelantó que se podrían presentar leyes reglamentarias derivadas de la reforma constitucional al Poder Judicial la próxima semana. Entre ellas, mencionó la Ley de Carrera Judicial y modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal y a la Ley de Responsabilidades. Según Monreal, estas leyes son “indispensables” para la implementación adecuada de la reforma judicial, cuyo objetivo es fortalecer la independencia y eficiencia del Poder Judicial.
“Dentro del paquete de leyes que se requieren para una reforma integral del Poder Judicial, es fundamental contar con estas normativas que regulen y complementen la estructura y funciones del sistema judicial,” mencionó Monreal.
La Comisión de Puntos Constitucionales se reunirá este domingo para revisar el proyecto de reforma y presentar un dictamen. De aprobarse el dictamen en la comisión, la minuta se discutirá en el Pleno de la Cámara de Diputados la próxima semana, donde se prevé una intensa discusión entre las bancadas de Morena y la oposición.
Este cambio legislativo representa un ajuste significativo en la forma en que los ciudadanos pueden recurrir al amparo o a las controversias constitucionales en caso de reformas a la Carta Magna, planteando un nuevo panorama para la relación entre el Legislativo y el Judicial. La aprobación de esta reforma marcaría una limitación importante en el acceso al juicio de amparo, una herramienta fundamental en el sistema jurídico mexicano que hasta ahora ha sido clave para la protección de los derechos constitucionales.
La próxima semana será crucial para el avance de esta iniciativa, y de acuerdo con Monreal, se mantendrá la transparencia y se respetarán todos los trámites legislativos. Este proceso reflejará si el Congreso optará por un ajuste en el sistema de contrapesos o si, como alerta la oposición, se afectará el acceso de los ciudadanos a la justicia constitucional en temas de fondo.
