La Barra Mexicana del Colegio de Abogados (BMA) y expertos del Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Stanford han emitido una contundente advertencia sobre el posible incumplimiento de México con los tratados internacionales de derechos humanos, tras la propuesta de reforma a la Ley de Amparo.
Esta medida, presentada el pasado 22 de octubre en el Congreso de la Unión, busca prohibir el amparo contra reformas constitucionales, lo que según estos organismos, vulneraría derechos reconocidos en el ámbito internacional.
La modificación que eleva a rango constitucional la fracción I del artículo 61 de la Ley de Amparo ha generado un amplio debate. Según este cambio, se restringiría el derecho a interponer un juicio de amparo contra reformas a la Constitución, una medida que, de aprobarse, limitaría significativamente la posibilidad de que los ciudadanos cuestionen la constitucionalidad de dichas reformas.
Para la BMA, esta reforma no solo limita el derecho de los ciudadanos, sino que atenta directamente contra el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En palabras de la BMA: “El artículo 1 de la Constitución establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que México sea parte, y la presente reforma podría restringir gravemente esta garantía”.
Violación a Tratados Internacionales y Derechos Humanos
La BMA y el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho señalaron que esta medida contraviene los compromisos de México, particularmente en relación con la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Leticia Bonifaz, representante de la BMA, expresó que “la reforma no solo desafía el orden constitucional interno, sino que también pone a México en una posición de incumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos”.
Durante una conferencia en la que participaron expertos en derecho constitucional y representantes de la Universidad de Stanford, se resaltó la importancia del acceso al control jurisdiccional. La académica del Laboratorio de Stanford, Ana María González, explicó que “el acceso al control jurisdiccional es en sí mismo un derecho humano que permite garantizar que las reformas constitucionales no violen derechos fundamentales. Restringir esta vía jurídica limitaría de manera severa la protección de los derechos humanos en el país”.
Consecuencias para el Estado de Derecho en México
De acuerdo con la BMA y los expertos de Stanford, esta reforma, de ser aprobada, podría desatar una serie de consecuencias legales y diplomáticas para México. En el mismo foro, se discutieron los posibles escenarios de litigio en instancias internacionales. Bonifaz advirtió que “si la medida se implementa, es probable que México enfrente una ola de denuncias ante organismos internacionales de derechos humanos, ya que se estaría violando un derecho fundamental que ha sido garantizado durante décadas en el país”.
La BMA y el equipo de expertos de la Universidad de Stanford han instado al Congreso de la Unión a analizar a fondo esta propuesta de reforma a la luz de las obligaciones internacionales que México ha asumido en materia de derechos humanos. “Es esencial que los legisladores consideren el impacto que esta reforma tendrá en el Estado de derecho y en la posición de México como un país comprometido con los derechos humanos”, afirmó Bonifaz.
Durante la sesión, también se contó con la participación de Carlos Soto, magistrado del Poder Judicial, quien enfatizó que “la Constitución es clara en sus garantías de acceso a la justicia para todos los ciudadanos. Limitar el acceso a la justicia constitucional es un retroceso que podría desestabilizar la confianza en el sistema judicial”.
Reacciones en la Comunidad Jurídica Internacional
La postura de la BMA y el Laboratorio de Stanford ha resonado en la comunidad jurídica a nivel internacional. Abogados y juristas de diversos países se han pronunciado en contra de la reforma, manifestando preocupación por el posible precedente que esta medida establecería en la región. Desde España, la Asociación Internacional de Juristas emitió un comunicado en el que señala que “la reforma a la Ley de Amparo en México representa un atentado contra la independencia judicial y el derecho a la protección de los derechos fundamentales”.
El Senado, en respuesta a estas críticas, ha declarado que el objetivo de la reforma es fortalecer la seguridad jurídica y la estabilidad de las reformas constitucionales. Sin embargo, Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva, aseguró que se tomará en cuenta el análisis de organismos especializados y se escucharán las voces de instituciones como la BMA.
El Congreso de la Unión ha programado para el próximo 15 de noviembre una sesión de análisis para escuchar las posturas de diversas instituciones académicas y organizaciones civiles sobre los posibles impactos de la reforma. Representantes de la BMA y de la Universidad de Stanford han confirmado su participación y esperan que el Congreso realice un análisis profundo de las consecuencias de este cambio legislativo.
Organizaciones de derechos humanos y colectivos ciudadanos han mostrado su rechazo a la reforma. La Coordinadora Nacional de Defensa de Derechos Humanos (CNDDH) ha convocado a una marcha el próximo 10 de noviembre en la Ciudad de México para manifestarse en contra de la reforma y pedir que se respete el acceso a la justicia constitucional.
La propuesta de reforma a la Ley de Amparo representa un momento crítico para el sistema judicial y el respeto a los derechos humanos en México. La advertencia de la BMA y de expertos de la Universidad de Stanford subraya la importancia de un análisis exhaustivo y de una toma de decisiones que respete los compromisos internacionales de México. Con un panorama lleno de incertidumbres, el desarrollo de esta reforma y su eventual implementación marcarán un antes y un después en la defensa de los derechos humanos en el país.
