El 29 de julio será una fecha crucial en la larga búsqueda de respuestas en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, con una reunión programada en Palacio Nacional que contará con la participación del presidente Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa. Esta sesión es anticipada tanto por los familiares de los desaparecidos como por observadores nacionales e internacionales, ansiosos por ver progresos en un caso que ha resonado en la conciencia nacional durante casi una década.
Vidulfo Rosales, abogado representante de los familiares de los estudiantes, expresó su frustración tras una reunión preliminar con el presidente López Obrador, donde las expectativas de información nueva se vieron defraudadas. “No hubo información sustantiva, nos están informando lo mismo de siempre”, comentó Rosales, destacando la persistente falta de avances significativos en la investigación.
La repetición de información ya conocida sin progresos tangibles ha sido una constante crítica de las familias y sus representantes legales, quienes ven en cada encuentro una oportunidad perdida para cerrar capítulos dolorosos de incertidumbre y desesperación.
La inclusión de Claudia Sheinbaum en las discusiones venideras aporta una nueva dinámica a la situación. Los familiares y su representante legal esperan que su presencia signifique un renovado vigor y enfoque en el caso. “Es relevante que pueda haber esta reunión con la presidenta electa; esperamos que ella haga contacto con las madres y padres y que pueda comprometerse realmente con la continuidad de la investigación”, señaló Rosales.
En cuanto a las demandas específicas, los familiares siguen exigiendo transparencia y acciones concretas: la revisión de 800 folios del caso por un ente externo, la extradición de Tomás Zerón de Lucio, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal acusado de tortura, y de José Ulises Bernabe, relacionados con irregularidades en la investigación inicial.
Estos elementos son vistos como cruciales para garantizar que la investigación no solo continúe, sino que se realice de manera justa y exhaustiva, libre de las sombras de corrupción y mal manejo que han ensombrecido el proceso hasta ahora.
La reciente confirmación de que los análisis de restos encontrados han resultado negativos solo añade más urgencia a la necesidad de respuestas concretas y verificables. Cada resultado negativo es un recordatorio doloroso de las preguntas sin responder que siguen pesando sobre las familias de los desaparecidos.
A medida que se acerca la reunión del 29 de julio, existe un cauto optimismo mezclado con la realidad de un camino difícil por delante. “Vemos complicado que en la última recta del gobierno de López Obrador haya resultados, pero hay un compromiso de que la investigación continuará”, reconoció Rosales. La presencia de Sheinbaum podría ser decisiva y las familias esperan que su gobierno no solo tome el caso en serio, sino que lo coloque en el centro de su agenda política.
Este próximo encuentro no solo será un barómetro del estado actual de la justicia en México, sino también un testimonio de la capacidad del gobierno para enfrentar y resolver uno de los capítulos más oscuros de su historia reciente. Las familias de Ayotzinapa y la sociedad mexicana esperan, observan y exigen resultados que hasta ahora han sido esquivos, pero cuya necesidad es más imperativa que nunca.
