En la ruta del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en México, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen de reforma que reconoce a las comunidades indígenas como sujetos de derecho público, dotándolos de personalidad jurídica y patrimonio propio.
Esta reforma, que forma parte del Plan C propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, busca modificar el artículo 2do. de la Constitución Mexicana, incorporando elementos cruciales para la protección y participación de estas comunidades en la vida pública del país.
Reconocimiento Constitucional y Consultas Obligatorias
Uno de los puntos centrales de la reforma es la obligación del Estado de consultar a los pueblos y comunidades indígenas cada vez que se implemente una política pública que pueda afectarlos. Esta medida busca asegurar que las decisiones que involucren a estas comunidades sean tomadas con su consentimiento informado, respetando su autonomía y su derecho a ser consultados de manera previa, libre e informada.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y miembro del partido Morena, destacó la importancia de esta reforma, calificándola como “una Constitución de los pueblos y las comunidades indígenas dentro de la Constitución Política de México”. Robledo subrayó que esta modificación constitucional no solo reconoce los derechos de los pueblos indígenas, sino que también impone obligaciones al Estado para respetar y reconocer su organización y normas tradicionales.
Durante la sesión, la diputada Irma Juan Carlos, también de Morena y presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, celebró el apoyo unánime al dictamen. Juan Carlos señaló que la reforma representa un avance en la lucha contra la discriminación, el despojo y la exclusión que históricamente han sufrido las comunidades indígenas. “No más discriminación, no más despojo, no más exclusión, no más desigualdad”, afirmó, destacando la importancia de esta iniciativa para garantizar la equidad y justicia social en el país.
Aunque el dictamen fue respaldado por todos los grupos parlamentarios, hubo propuestas de ajustes, particularmente en lo relacionado con la asignación de presupuestos y la implementación de consultas. Una de las reservas aprobadas fue la presentada por Irma Juan Carlos, que puntualiza que cuando una medida administrativa beneficie a un particular, el costo de la consulta debe ser cubierto por dicho beneficiario, garantizando así que las comunidades no sean quienes asuman estos gastos.
A pesar del apoyo generalizado, algunos legisladores de la oposición expresaron críticas y preocupaciones sobre la reforma. La diputada Paulina Rubio, del PAN, reconoció que aunque la reforma es un avance, no responde completamente a las demandas que los pueblos originarios han planteado desde 2019. Rubio enfatizó la necesidad de continuar trabajando en una reforma integral que aborde todas las necesidades y derechos de estas comunidades.
Por su parte, la diputada Laura Haro, del PRI, criticó la aparente incongruencia entre los objetivos de la reforma y las acciones del actual gobierno. Haro hizo referencia al Tren Maya, argumentando que, a pesar de la obligación constitucional de consultar a las comunidades indígenas, este proyecto ha avanzado sin un verdadero proceso de consulta, afectando negativamente a las poblaciones locales. “Qué bueno que en el texto constitucional se establece la protección y la garantía de audiencia… pero el Tren Maya es un muy mal ejemplo de lo que ha sucedido en este país”, expresó Haro.
El coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira, también intervino en la discusión, haciendo un llamado a profundizar en las acciones necesarias para atender las nuevas necesidades de los pueblos originarios. Moreira resaltó los desafíos que enfrentan las comunidades indígenas debido al desplazamiento forzado causado por la violencia del crimen organizado, especialmente en regiones donde antes se consideraban reservas ambientales o santuarios sagrados. “Es importante que platiquemos sobre cómo ofrecerles a las comunidades indígenas paz, porque están sufriendo, hay desplazamientos de las comunidades originarias hacia Guatemala”, alertó Moreira, destacando la necesidad urgente de proteger a estas comunidades.
Elementos Clave de la Reforma
El dictamen aprobado incluye varios elementos clave que buscan garantizar los derechos y la participación de los pueblos indígenas en la vida pública de México:
1. Consulta Obligatoria: El Estado estará obligado a consultar a las comunidades indígenas cada vez que se implemente una política pública que las afecte, asegurando su participación en las decisiones que impacten sus territorios y formas de vida.
2. Presupuesto Asignado: Se asignarán presupuestos que las comunidades indígenas podrán administrar y ejercer directamente, fortaleciendo su autonomía financiera y su capacidad para implementar proyectos que respondan a sus necesidades.
3. Servicios de Salud con Pertinencia Cultural: La reforma contempla la provisión de servicios de salud que respeten y reconozcan la medicina tradicional indígena, asegurando que la atención médica sea culturalmente adecuada y accesible.
4. Participación en la Educación: Los pueblos indígenas tendrán un papel activo en la construcción de modelos educativos que respeten y promuevan sus lenguas y culturas, contribuyendo a la preservación de su identidad cultural.
La aprobación de esta reforma en la Comisión de Puntos Constitucionales representa un avance importante en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en México, pero como señalaron varios legisladores, aún queda trabajo por hacer para asegurar que estas disposiciones se traduzcan en cambios reales y tangibles en las vidas de las comunidades indígenas.
La próxima legislatura tendrá la responsabilidad de llevar esta reforma al pleno de la Cámara de Diputados, donde se espera que continúe recibiendo el respaldo necesario para convertirse en ley, donde con su eventual promulgación, México daría un paso crucial hacia la inclusión y respeto de los derechos de sus pueblos originarios, honrando su rica herencia cultural y su papel fundamental en la historia del país.
