La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que busca elevar a rango constitucional las pensiones no contributivas para personas con discapacidad permanente y adultos mayores en México. Esta reforma, que modifica los artículos 4 y 27 de la Constitución Política, fue respaldada por unanimidad por las siete bancadas parlamentarias representadas en la comisión, marcando un avance importante en la protección social de estos grupos vulnerables.
La propuesta de reforma, originalmente enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados en febrero de este año, establece que la Federación y las entidades federativas estarán obligadas a garantizar la entrega de una pensión no contributiva a personas con discapacidad permanente menores de 65 años, así como a todos los adultos mayores que superen esa edad.
La redacción final del dictamen incluye modificaciones realizadas por la bancada de Morena, que lograron la aprobación necesaria a pesar de los intentos de la oposición, especialmente del PAN, PRI y PRD, por introducir cambios que buscaban una mayor transparencia en la ejecución de estos apoyos.
El dictamen precisa que “el Estado destinará anualmente los recursos presupuestarios suficientes y oportunos conforme al principio de progresividad, para garantizar los derechos establecidos en este artículo que impliquen la transferencia de recursos directos hacia la población destinataria”.
El diputado Ismael Brito Mazariegos, de Morena, subrayó la importancia de esta reforma en el contexto del modelo de justicia social promovido por el actual gobierno. “Con este dictamen, reafirmamos el modelo de justicia social y humanista del actual gobierno, a fin de lograr un verdadero Estado de bienestar”, afirmó Brito, destacando el compromiso de Morena con las políticas que buscan reducir la desigualdad y fortalecer el apoyo a los sectores más desfavorecidos de la población.
A pesar del consenso general en la comisión, la reforma no estuvo exenta de críticas. El diputado Héctor Saúl Téllez, del PAN, señaló que los programas que se están elevando a rango constitucional han sido objeto de observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), particularmente en cuanto a la falta de claridad en el manejo de recursos por más de 4 mil millones de pesos. “Hagamos una realidad, llevemos estos programas, estos derechos a rango constitucional, pero que el gobierno mexicano se obligue a ejecutar correctamente los recursos, darles transparencia y que le llegue el apoyo a quien realmente lo merece”, propuso Téllez.
Además, la bancada del PRI intentó introducir una reserva para reducir la edad mínima para recibir la pensión de adultos mayores de 65 a 60 años, pero esta fue rechazada por la mayoría de los legisladores de Morena y sus aliados.
El dictamen también incluye la constitucionalización del programa Sembrando Vida, que ofrece un jornal seguro y permanente a campesinos que cultivan sus tierras con árboles frutales, maderables y especies que requieren procesamiento. Este aspecto fue criticado por la oposición, que recordó que la ASF ha emitido reportes con observaciones sobre la falta de claridad en los resultados y beneficiarios de este programa.
Además, la reforma establece la obligación del Estado de mantener precios de garantía para productos agrícolas esenciales como maíz, frijol, leche, arroz y trigo. También se prevén apoyos directos anuales y fertilizantes gratuitos para productores de pequeña escala, así como para pescadores.
Una vez que esta reforma entre en vigor, se dará un plazo de 180 días para que se aprueben las leyes o modificaciones necesarias para su implementación. Esto incluye la creación de los mecanismos adecuados para garantizar que las pensiones y los programas sociales se ejecuten de manera efectiva y transparente, beneficiando directamente a las personas con discapacidad permanente y a los adultos mayores.
