La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la reforma de “supremacía constitucional” con 340 votos a favor, 133 en contra y una abstención. Esta polémica reforma, que modifica los artículos 105 y 107 de la Constitución, establece que no procederán juicios de amparo contra reformas constitucionales, anulando también controversias y acciones de inconstitucionalidad en estos casos.
El debate, que duró casi siete horas, dividió fuertemente a las bancadas: mientras Morena y sus aliados defendieron la reforma como una defensa del “control legislativo sobre la Constitución”, la oposición alertó sobre el riesgo que implica para los derechos de los ciudadanos, al dejar sin defensa jurídica los cambios a la Carta Magna.
Votación cargada de tensión
El debate arrancó tras la cancelación de una sesión solemne programada para conmemorar la incorporación de Baja California Sur a la federación, lo cual generó molestia entre los legisladores. Al inicio del debate, Leonel Godoy, diputado de Morena, argumentó que la reforma solo ratifica lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Amparo, y rechazó las acusaciones de la oposición sobre que se esté “desmantelando el estado de derecho”. “Este dictamen es un paso para eliminar el activismo judicial y fortalecer la Constitución como pilar de nuestra democracia”, afirmó Godoy.
Por su parte, la diputada Lilia Aguilar, del Partido del Trabajo (PT), acusó a la oposición de “manipular el sentido de la reforma”, asegurando que las herramientas jurídicas para defender derechos constitucionales, como el amparo y la controversia constitucional, seguirán vigentes para los ciudadanos en casos de abuso de poder. “Mienten quienes afirman que terminaremos con la propiedad privada o el derecho al amparo, cuando lo que buscamos es que la Constitución no sea sujeta de manipulación política”, dijo.
La reacción de la oposición no se hizo esperar. Ania Gómez, diputada del Partido Acción Nacional (PAN), subió a la tribuna acompañada por diputados vestidos de negro y llevando veladoras y lápidas simbólicas con las frases “estado de derecho” y “poder judicial”. Con un tono enérgico, acusó a Morena de destruir la Constitución en una maniobra apresurada. “Hoy estamos presenciando la muerte de la Constitución, una regresión histórica que nos impone la Ley de Herodes: o te sometes a Morena o te aniquilas”, criticó.
Federico Döring, otro legislador panista, aseguró que el propósito de la reforma es proteger las modificaciones al Poder Judicial promovidas por la administración de la Cuarta Transformación. Según Döring, la reforma busca evitar que las controversias judiciales lleguen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual podría declarar inconstitucionales varias de estas reformas. “Este dictamen es un escudo contra la derrota en la Corte, una artimaña para evadir el control judicial que solo evidencia el miedo a la derrota”, sostuvo.
El diputado de Movimiento Ciudadano, Sergio Gil Rullán, también manifestó su preocupación. “Esta reforma puede significar el fin de toda aspiración democrática en el país, abriendo las puertas a un régimen autoritario”, advirtió. Añadió que su partido se opone a lo que considera “la legalización de un poder sin frenos”, señalando que se ignora el consenso ciudadano y se margina la voz de los votantes.
Defensa de Morena y aliados
Desde la bancada de Morena, la diputada Gabriela Valdepeñas González defendió la propuesta argumentando que “la reforma busca reafirmar la supremacía de la Constitución sobre el poder judicial”. Valdepeñas explicó que, en la visión de su partido, los legisladores, y no los jueces, deben tener la última palabra en temas constitucionales. “El objetivo es clarificar que el Congreso y las legislaturas estatales son los únicos facultados para modificar la Constitución, eliminando la interpretación judicial que usurpa esas decisiones”, afirmó.
El coordinador de Morena, Adán Augusto López, indicó que el debate sobre la constitucionalidad de las reformas no debería ser responsabilidad de los jueces, sino de los órganos legislativos que representan la voluntad del pueblo. “Esta reforma no es más que una manifestación de lo que dicta nuestra Carta Magna, y quien diga lo contrario está ignorando los principios del constitucionalismo mexicano”, expresó.
Manuel Huerta, diputado también de Morena, utilizó un tono aún más crítico, acusando a los ministros de la Corte de actuar en favor de intereses privados. “Quienes hoy critican esta reforma son los que defienden a la Corte que perdonó 63 mil millones de pesos a Ricardo Salinas Pliego. Nosotros, en cambio, estamos del lado del pueblo”, señaló.
PAN y PRI califican la reforma como una amenaza a la democracia
Para Annia Gómez del PAN, el paso que dio la mayoría legislativa con esta reforma es una “amenaza al sistema democrático”. La legisladora enfatizó que la “supremacía constitucional” representa un riesgo latente para la protección de los derechos de los ciudadanos. “Nos están arrebatando la última línea de defensa contra el autoritarismo y la imposición”, afirmó.
Víctor Samuel Palma, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), coincidió en que esta reforma es una muestra de “la omnipotencia de la mayoría” y comparó el proceso con lo ocurrido en regímenes totalitarios. “La ruta de decisiones mayoritarias sin contrapesos fue la que permitió el ascenso del fascismo en Italia y del nazismo en Alemania”, señaló Palma. También destacó que la propuesta no fue informada a los votantes en las elecciones pasadas y acusó a Morena de promoverla “de manera sorpresiva”.
¿Qué sigue para la reforma?
Tras la aprobación en lo general, los diputados comenzaron la revisión de aproximadamente 300 reservas al dictamen. Un total de 52 oradores tomarán la palabra para discutir los puntos específicos que buscan modificar o eliminar, como el segundo transitorio, que permitiría aplicar la ley de forma retroactiva y anularía las impugnaciones en trámite.
La votación en lo particular se dio por la madrugada de este jueves, y de ser aprobada en esta etapa, la reforma será enviada a las legislaturas estatales, que deberán ratificarla para que entre en vigor.
Mientras la mayoría oficialista afirma que se trata de un ajuste necesario para fortalecer la Constitución, la oposición sostiene que es un retroceso en la protección de derechos y en la independencia del Poder Judicial. Lo que está en juego es el equilibrio de poderes y el papel de la SCJN en la supervisión constitucional, un tema que marcará el rumbo del país en los próximos años.
